El Juez de la Corte Suprema de Filipinas Dice que la Guerra Antidroga de Duterte Apunta a los “Vendedores Ambulantes Pequeños”, e Ignora a los “Grandes Narcos”

La guerra contra las drogas del presidente Duterte ha matado a miles de personas por presuntos delitos relacionados con las drogas

La guerra contra las drogas del presidente Duterte ha matado a miles de personas por presuntos delitos relacionados con las drogas (Fuente: Flickr)

Mientras el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordena a la policía reanudar su participación en la guerra antidroga del país, un destacado juez de la Corte Suprema ha afirmado que el enfoque se centra en delincuentes de bajo nivel [de importancia].

El 5 de diciembre, el Juez Adjunto Superior de la Corte Suprema, Antonio Carpio, instó al gobierno a explicar por qué el “proyecto principal del Presidente se concentra en perseguir a los vendedores ambulantes pequeños [en lugar de ir por] los grandes narcotraficantes” y agregó que “si detiene el suministro, entonces no hay más demanda”.

José Calida, el Fiscal General, afirmó que los traficantes de alto nivel eran chinos, y no filipinos, y que “los grandes narcos chinos están fuera de nuestra jurisdicción... [están] en China”. Cuando se le presionó sobre la matanza masiva de personas por parte del gobierno por presunto uso de drogas, Calida alegó sin fundamento que muchas personas que usan drogas son inherentemente peligrosas:

“Un adicto no actúa normalmente. Uno que ha estado inhalando shabu [metanfetamina] durante bastante tiempo, hay un efecto en el cerebro, Su Señoría. Especialmente después de una sesión de drogas, un drogadicto está realmente loco, Su Señoría. Por lo tanto, no teme a los policías, no tiene miedo de matar o morir, por cierto... y es por eso que tenemos estos crímenes atroces, niños violados y torturados, este accionar diabólico de estos drogadictos, Su Señoría. Así que no podemos equipararlos con una persona racional”.

Calida agregó que esto justifica que la policía mate a personas por presunto uso de drogas, si un oficial de policía “considera que su vida está en riesgo”.

Esta estigmatización de las personas por el uso de drogas es la base de la guerra filipina contra las drogas, que se ha estado librando desde que el Presidente Duterte subió al poder en julio de 2016. Desde entonces, Duterte se ha encargado de la matanza masiva de miles de personas por supuestos delitos relacionados con las drogas, comparándose a sí mismo con Adolfo Hitler, cuando una vez afirmó que “si Alemania tuviera a Hitler, Filipinas me tendría [a mí]”. Hitler masacró a tres millones de judíos...  hay tres millones de drogadictos. Los hay. Estaría feliz de masacrarlos”.  

Human Rights Watch1 (HRW) y otras ONGs estiman que unas 12.000 personas pueden haber sido asesinadas con el pretexto de [aplicar] la política de drogas de la administración de Duterte. Como afirmó Antonio Carpio, los pobres son los que más han sufrido por la guerra antidroga, ya que las autoridades suelen atacar a las personas de los barrios marginales y de otras áreas empobrecidas.

Al margen de tales críticas, el gobierno continúa impulsando su enfoque represivo [del uso de] drogas. El mismo día de las críticas de Carpio, el Presidente Duterte ordenó a la policía reanudar su participación en las operaciones antidroga, tras haberse retirado forzadamente de estas actividades en octubre. Ante este acontecimiento, las ONGs han respondido con ira.

“Desde que la policía fue retirada de las operaciones antidroga en octubre, ha habido una marcada disminución en el número de muertes como resultado de dichas operaciones. Sólo podemos esperar que [la reciente orden impartida por Duterte] se revierta, ya que la policía tiene la oportunidad de retomar [sus operaciones] donde las dejaron y reanudar su matanza indiscriminada con impunidad”, dijo James Gomez, Director de Amnistía Internacional para Asia Sudoriental y el Pacífico.

“Al hacer regresar nuevamente a la policía a sus actividades antidroga, el Presidente Duterte ha condenado a la gente más pobre y marginada de Filipinas a otra ola catastrófica de violencia, sufrimiento y derramamiento de sangre”, agregó Gomez.

De hecho, hasta ahora nada sugiere que el gobierno vaya a reorientar su guerra contra las drogas apuntando a los narcotraficantes de alto nivel. Por el contrario, [el hecho de que] las fuerzas policiales reanuden las operaciones contra los estupefacientes hace probable que empeoren los daños que padecen los pobres, incluidos los que usan y venden drogas, y aquellos que viven en áreas que son blanco de las autoridades.

En los últimos meses, las autoridades filipinas han sido especialmente cínicas en el sentido de que la guerra antidroga esté dirigida contra los pobres. Como TalkingDrugs informó en agosto, la policía comenzó a realizar pruebas de drogas de puerta en puerta en los barrios pobres, poniendo en una lista los nombres de las personas si daban positivo al test de uso de drogas. El 30 de noviembre, la agencia de noticias filipina Rappler reveló que estas pruebas se llevaron a cabo con el objetivo de sacar a la gente de los barrios marginales, incluso ejecutándola, simplemente por fallar las pruebas de drogas.

Dado que la crítica de una figura filipina de alto rango legal parece tener poco efecto sobre la continuidad de la guerra antidroga en Filipinas, es probable que los abusos masivos contra los derechos humanos también persistan sin tregua en este país.

 

Nota de la traductora: 1Human Rights Watch, (Observatorio de Derechos Humanos) es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, con sede principal en Nueva York (USA).  (Fuente: Wikipedia)

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