¿Seguiremos simplemente con la Detención por Sospecha?

Las cifras publicadas la semana pasada por el Ministerio del Interior británico (Home Office) proveen una desoladora imagen del aumento en los casos de detención por sospecha en Inglaterra y Gales después de una década de declive. Persisten también las disparidades étnico-raciales ya que una persona negra está 9 veces más expuesta a ser detenida que una persona blanca. Aumenta el preponderante vínculo con drogas como justificación de las operaciones policiales, así como también el fracaso de reformas orientadas a delimitar el uso de la más intrusiva de las facultades policiales, especialmente por parte de un puñado de fuerzas del orden como la Metropolitan Police Service.

El poder de detención por sospecha es una de las facultades más intrusivas de que dispone la policía. El uso desproporcionado de dicho poder con comunidades negras, asiáticas y otras minorías étnicas es un “secreto a voces” que socava la legitimidad de la policía.

Una larga historia de detenciones arbitrarias y, en particular, de persecución de jóvenes negros, respaldaron la introducción de una serie de reformas diseñadas para reducir las disparidades en el uso de dicha táctica. En 2014, las 43 fuerzas policiales de Inglaterra y Gales optaron por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas adoptando el plan para el Mejor Uso de la Detención por Sospecha (Better Use of Stop and Search - BUSS).

Durante la última década hemos sido testigos de una disminución en el volumen de detenciones por sospecha, sin embargo, este declive sólo ha tenido un impacto menor en las flagrantes disparidades étnico-raciales observadas en el ejercicio de esta práctica. Por otra parte, las cifras del Home Office para el período 2018/19 muestran un primer aumento en las detenciones por sospecha, lo que pone en entredicho la tendencia a la baja.

Las cifras del Home Office para el período 2019/20 publicadas la semana pasada (que incluyen datos entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020) revelan un aumento en el uso de las detenciones por sospecha por segundo año consecutivo, con un preocupante incremento del 51% respecto al año pasado. Esto implica que hubo 577.054 detenciones por sospecha llevadas a cabo en el período 2019/20, excluyendo al Gran Manchester, cuya policía no pudo proporcionar datos precisos al Home Office. 

Las cifras más recientes muestran que, una vez más, las minorías negras tienen más probabilidades de ser detenidas por sospecha que las personas blancas, y continúan llevándose la “peor parte de la mano dura policial”. Sobre el total de operaciones de este tipo registradas en 2019/20, quienes se autodefinen como “Negros, Asiáticos y Minorías Étnicas” tienen 4.3 veces más probabilidades de ser detenidos que las personas blancas. Las disparidades son especialmente marcadas en el caso de las personas negras, quienes tienen 8.9 veces más probabilidades de ser detenidas que las personas blancas.

Las cifras del Home Office también muestran que – al igual que en años anteriores – la búsqueda de drogas es la principal razón detrás del uso de esta práctica. En el período 2019/20, 63% de las operaciones policiales de detención por sospecha efectuadas bajo regulación de la Sección 1 de la Ley de Policía y Evidencia Criminal (PACE/1984) y sus normas relacionadas, fueron motivadas por la búsqueda de drogas, en detrimento de la búsqueda de armas pesadas y de objetos robados (16% y 10% de las operaciones policiales respectivamente). Esto explica en parte la gran disparidad étnico-racial en los datos sobre detenciones por sospecha, pues es sabido que las leyes de drogas “son aplicadas con mayor rigor contra las minorías étnicas, a pesar de que la tasa de prevalencia de uso en estos grupos no es mayor que aquella observada entre la población blanca”.

El Servicio Metropolitano de Policía (Metropolitan Police Service - MPS) sigue presentando la mayor proporción de detenciones por sospecha en el período 2019/20: el MPS condujo 48% de las detenciones registradas. Incluso si se controla por el tamaño de la población residente en Londres, el MPS tiene la más alta tasa de detenciones por sospecha (31 detenciones por cada 1000 habitantes), y la más alta tasa de arrestos de todas las fuerzas policiales.

Las últimas cifras muestran que de las 577.054 detenciones por sospecha de 2019/20, una abrumadora mayoría (76%) no derivó acciones de justicia (3% más que en el período 2018/19). En los hechos, en la mayoría de los casos los oficiales no encuentran nada. En 2019/20, sólo el 20% de las operaciones de detención por sospecha reguladas por la Sección 1 PACE (y sus normas relacionadas) tuvieron efectivamente un resultado vinculado con la razón de la retención: por ejemplo, encontrar MDMA cuando la razón de la detención fue una sospecha de posesión de drogas. Adicionalmente, esto último sólo ocurrió en el 4% de las detenciones conducidas bajo regulación de la Sección 60 de la Ley de Justicia Criminal y Orden Público de 1994, la controvertida legislación que amplió la facultad de la policía de detener en ausencia de una sospecha razonable.

El Doctor Adam Elliott-Cooper, entre otros, ha desafiado la continuidad de un “uso intensivo de la fuerza policial que no mejora la seguridad pública y que requiere una gran cantidad de personal”. Según estimaciones, el gasto anual del gobierno central en actividades relacionadas con el combate a las drogas es de aproximadamente 1.6 billones de libras esterlinas. Al mismo tiempo, el gasto gubernamental estimado en intervención temprana por uso de drogas es de sólo £215 millones al año. Esto, sumado a los recortes presupuestarios de dichos servicios, ha incentivado una ola de llamados a reasignar ese presupuesto hacia intervenciones que reduzcan daños.

Además de la ineficacia de las operaciones de detención por sospecha, hay consecuencias bien documentadas asociadas con las disparidades étnico-raciales observadas en las tasas de detenciones. La Cámara de los Comunes ha reiterado el daño que esto infringe a la relación entre la policía y la comunidad. El informe Lammy vincula directamente la detención por sospecha con la menor confianza en la policía que sienten las minorías étnicas y, como resultado, con la menor probabilidad de denunciar delitos, socavando así el objetivo de la policía de proteger a la comunidad.

Mientras la nación se encuentra en medio de una crisis de salud pública, ha surgido evidencia – cuyas cifras aún no se han visto reflejadas en ninguna estadística oficial del Home Office – que indica que las operaciones de detención por sospecha han aumentado significativamente durante la pandemia del COVID-19. Sólo en mayo 2020, la MPS realizó 43.913 detenciones en la ciudad de Londres, de las cuales 68.1% fueron por drogas. No sólo es la tasa más alta de uso de esta facultad en los últimos dos años, sino que también su uso es más intensivo en barrios londinenses que presentan las tasas más altas de muertes por COVID-19. Los medios han puesto el foco de atención en el alza en los reportes de “delitos relacionados con drogas” durante el transcurso de la pandemia, desatendiendo el inextricable rol que juega en este ámbito el aumento en las detenciones. En lugar de capturar reales cambios en la incidencia de crímenes, los registros criminales de la policía a menudo reflejan sus actividades y prioridades, mientras que el mismo personal policial ya ha reportado fuertes presiones de los mandos para llevar a cabo un gran volumen de detenciones. 

Las reformas contenidas en el plan para el Mejor Uso de la Detención por Sospecha (BUSS) estaban destinadas a afinar la definición de la "sospecha razonable". No obstante, una investigación reciente de la oficina independiente de control policial (Independent Office for Police Conduct/IOPC) – motivada por el uso desproporcionado de la facultad de detención por sospecha por la Policía Metropolitana – reveló escenarios en los que golpes de puños fueron propinados a hombres negros por sospecha de intercambio de drogas. El Director Regional londinense de la IOPC, Sal Naseem, también reportó “el uso de esposas en casi todas las instancias en que otras tácticas podrían haber disminuido la intensidad del altercado”. El IOPC ha sugerido a la MPS 11 reformas para mejorar el uso de la facultad de detención por sospecha, sin embargo, dado el fracaso constante de varias fuerzas policiales en la implementación de las reformas contenidas en el plan BUSS, ¿no es tiempo de reconocer que el problema de la detención por sospecha no se solucionará con reformas?

*La Doctora Laura Garius se unió a Release como responsable de políticas en el otoño 2020. Es criminóloga y obtuvo su doctorado en la Universidad de Loughborough. Laura dicta el módulo de Drogas y Sociedad a los alumnos de la Universidad Nottingham Trent, y ha investigado sobre daños relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Ha realizado investigación con usuarios de servicios y encuestas de gran escala, al mismo tiempo que aboga por la reducción de daños, la política de drogas basada en evidencia científica y la justicia social.