Hijo del Presidente Duterte Absuelto de Narcoactividad, Mientras Continúan las Ejecuciones Extrajudiciales

Paolo Duterte (extremo derecho) durante la toma de mando presidencial de su padre en 2016

Paolo Duterte (extremo derecho) durante la toma de mando presidencial de su padre en 2016 (Fuente: Wikimedia)

Mientras la ejecución extrajudicial de personas por presuntos delitos relacionados con las drogas continúa en Filipinas, el hijo del presidente ha sido absuelto de la acusación de tráfico, tras una investigación formal.

En 2017, Paolo Duterte, hijo del líder Rodrigo Duterte, había sido acusado de estar involucrado en el intento de importar - desde China hacia Filipinas - 602 kg de metanfetamina (a menudo conocida como “shabu”). El botín, valuado por el estado en 125 millones de dólares, fue hallado en un envío de cilindros de impresión. El yerno del presidente, también bajo sospecha de haber estado implicado en el complot, ha sido declarado libre del cargo de participación.

El 2 de mayo, la Defensoría del Pueblo declaró que “las denuncias contra el ex vicealcalde de la ciudad de Davao, Paolo Duterte, [...] fueron desestimadas por falta de fundamento”.

Según los investigadores de la Oficina del Defensor del Pueblo, “[los agentes aduaneros] hallaron y decomisaron el shabu, pero la modalidad del hallazgo e incautación deja mucho que desear. La evidencia sugiere que los funcionarios públicos violaron numerosas leyes y promulgaciones administrativas relacionadas con la búsqueda adecuada, el decomiso, el manejo y la entrega controlada de drogas”.

La Defensora del Pueblo, Conchita Carpio-Morales, que administra la Defensoría del Pueblo, “no participó en la investigación para la determinación de los hechos”, se lee en el comunicado. Esto es llamativo, ya que Carpio-Morales y el presidente Duterte se han enfrentado públicamente en varias ocasiones por la violenta guerra antidroga de este último y por la determinación de la funcionaria de investigar a la familia del presidente. El presidente previamente prometió hacer juicio político a Carpio-Morales por ser parte de una “conspiración” en su contra.

La experiencia de Paolo Duterte tras [enfrentar] una acusación por tráfico de drogas difiere considerablemente de las experiencias de miles de otras personas acusadas de delitos de drogas en Filipinas: se estima que 12.000 personas han sido asesinadas, sin [previa] acusación, juicio o investigación, por presunta vinculación con drogas desde que el presidente Duterte subió al poder en julio de 2016.

El Departamento de Estado norteamericano ha acusado al presidente de Filipinas de exacerbar el derramamiento de sangre, al tomar en cuenta que sus “numerosas declaraciones públicas sugieren que matar a sospechosos de narcotráfico y a usuarios era necesario para cumplir su objetivo de erradicar el crimen relacionado con las drogas”.

La brutal represión del Presidente también ha merecido considerables críticas nacionales. En diciembre de 2017, un alto magistrado de la Corte Suprema denunció la metodología por “perseguir a los traficantes de escasa monta [en lugar de apuntar] a los grandes narcotraficantes”. Tal como ha informado TalkingDrugs con anterioridad, la guerra antidroga se ha centrado - aparentemente - sobre algunas de las personas más pobres de la sociedad filipina, incluyendo a aquellos que habitan los barrios marginales.

En 2017, Amnistía Internacional publicó un informe irrecusable - Si Eres Pobre, Te Matan - que describe cómo la guerra contra las drogas en Filipinas deliberadamente se dirige contra la gente de áreas empobrecidas. El informe incluye una entrevista con dos individuos que afirman que se les paga para matar personas por delitos de drogas. “Por lo general, nuestros trabajos están en los vecindarios pobres”, dice uno, [y agrega] “lo que está mal en la guerra contra las drogas es que no se apunta contra ningún político, no hay gente rica”.

Si bien es posible que Paolo Duterte sea inocente de los cargos dirigidos en su contra, el caso ha sacado a relucir una de las mayores controversias de la guerra filipina contra las drogas: los ricos son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad, mientras que los pobres pueden enfrentar la muerte por meras presunciones.