Activistas de Brasil le entregan al principal candidato presidencial un manifiesto para poner fin a la guerra contra las drogas

Si bien las personas aspirantes a la presidencia y gubernaturas de tendencia izquierdista guardan silencio o eluden el tema de la política de drogas en sus campañas y manifiestos, hay dos fuerzas políticas que cobran impulso en Brasil. El primero surge de las personas candidatas de derecha con mentalidad militar. Pretende normalizar los operativos policiales (piedra angular del prohibicionismo) que se han cobrado varios miles de vidas en los últimos años. El objetivo, por supuesto, es dotar de más equipamiento y entrenamiento a las fuerzas policiales, al tiempo que se enaltecen los operativos letales que supuestamente se realizan para liberar a la sociedad del flagelo de los narcotraficantes. Bajo el pretexto del llamado mantenimiento de la seguridad pública, la Policía Civil de San Pablo arrestó reciente e ilegalmente a un psiquiatra que desarrolla proyectos de reducción de daños en la región conocida como Cracolandia.

Dandara Rudsan entrega una copia del Manifiesto de Emergencia por el Fin de la Guerra contra las Drogas al expresidente y principal candidato Luiz Inacio Lula da Silva. Fuente: Twitter

Durante más de una década, Flavio Falcone ha brindado apoyo digno y sin prejuicios a personas que tienen una relación problemática con sustancias y viven en condiciones precarias. Esta no fue la primera vez que Falcone u otrxs reduccionistas de daños fueron objetivo de ataque por parte del Estado. Los proyectos que apuntan a llenar los graves espacios vacíos dejados por el gobierno, en torno a la inseguridad alimentaria, la asistencia sanitaria y la vivienda, se presentan como una amenaza para la seguridad pública, como si la reducción de daños estuviera habilitando el consumo de drogas. No importa si eres laico o un sacerdote tratando de distribuir almuerzo a las personas hambrientas, el acto de proporcionar una comida te expone a ataques violentos por parte de las numerosas fuerzas militarizadas desplegadas por el Estado. La Defensoría Pública del estado de San Pablo presentó una petición de hábeas corpus en el Tribunal de Justicia del Estado para que se le otorgue a Falcone el derecho a continuar con su proyecto de reducción de daños en Cracolandia.

La segunda fuerza que emerge durante esta carrera electoral emana de la sociedad civil. La Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas, aliada a la Iniciativa Negra por la Política de Drogas, lanzó la campaña “Tú también eres víctima de la guerra contra las drogas”, acompañada de un Manifiesto de Emergencia por el Fin de la Guerra contra las Drogas, invitando a la sociedad en general pensar en cómo todxs somos víctimas de la violencia asociada al prohibicionismo. El manifiesto está organizado en cuatro ejes: comenzando con el Eje “Cuidado”, llamando a la inversión gubernamental en iniciativas orientadas a la reducción de daños. Entre las demandas se encuentran el desarrollo de programas de educación sobre drogas, la inversión en el sistema de salud pública, la oferta de desarrollo profesional continuo para las personas que se dedican al trabajo social y de la salud, y la provisión de espacios adecuados para desarrollar programas de reducción de daños.

El antropólogo Mauricio Fiore, especialista en política de drogas brasileña, dijo a TalkingDrugs que el escrutinio de los servicios de tratamiento de drogas también debe ser una prioridad para el próximo presidente: “Un tema clave que debe abordar el próximo gobierno que no sea de extrema derecha es el crecimiento masivo de la financiación pública para las comunidades terapéuticas. Son organizaciones privadas, no relacionadas con el sistema sanitario público, y suelen estar asociadas a organizaciones religiosas. Estas comunidades terapéuticas admiten y aíslan a personas con consumo problemático o dependencia de drogas. Es urgente definir la naturaleza y regulación de estas organizaciones, que se han convertido en el eje central de la política del actual gobierno en materia de servicios de tratamiento de drogas”.

El segundo eje del manifiesto, “Justicia y Seguridad”, propone la amnistía de las personas privadas de libertad por posesión de pequeñas cantidades de sustancias prohibidas, la inversión en programas de reinserción social, la rendición de cuentas policial y la participación de la sociedad civil en la vigilancia y monitoreo de los departamentos de Seguridad y Justicia. El Eje “Regular para Reparar” trae demandas relacionadas con la legalización y regulación de sustancias actualmente prohibidas. La agenda establece demandas claras para asociar estos procesos con el empoderamiento de las comunidades que han sido históricamente atacadas por el Estado y su Guerra contra las Drogas, con el objetivo de evitar la captura corporativa de sustancias reguladas. Finalmente, el Eje “Participación y Control Social” exige la reinserción de actores de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Políticas sobre Drogas, la inclusión de las personas que usan drogas en el desarrollo de la política de drogas y el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Políticas sobre Drogas para desarrollar y monitorear los enfoques interseccionales de las políticas de drogas.

El manifiesto fue entregado al ex y actual candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva por la abogada y activista Dandara Rudsan. Con demandas bien estructuradas y directas, basadas en las mejores prácticas e ideas relacionadas con la reducción de daños, los derechos humanos y las reparaciones, el documento puede proporcionar una buena guía para que Lula, si es elegido, modifique los temas relacionados con la legislación sobre drogas que firmó en 2006. Los desafíos son muchos, pero si está dispuesto a escuchar a la sociedad, especialmente a las personas afectadas por los fracasos de las políticas de drogas, habrá una oportunidad de transformación. El manifiesto condensa las voces y necesidades de quienes han vivido la violencia estatal por delitos relacionados con las drogas, teniendo el potencial de influir en la política y la legislación para evitar la reproducción de las desigualdades asociadas a la actual política de drogas. Tenemos una oportunidad única de utilizar nuestro capital social y nuestro derecho al voto para asegurarnos de que se cumplan estas demandas.