Clubes Sociales para el Cultivo de Canabis.

El pasado 15 de Noviembre Martin Barriuso, presidente de la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas) fue detenido junto con otros dos miembros en Bilbao acusados de tráfico de drogas.  Según fuentes policiales la operación ha resultado en la incautación de 85 kilos de marihuana por valor de medio millón de euros.

En un comunicado prensa emitido por Pannagh, una de las asociaciones que constituyen la FAC de la que Barriuso es también presidente, la junta directiva considera los acontecimientos una “agresión hacia todos los intereses y derechos de la asociación” y un obstáculo a la  marcha normal de la justicia reiterada en actuaciones que desacreditan este tipo de actuación policial.

Barriuso es una de los impulsores de los CSC (Clubes Sociales para el Cultivo de Cannabis). Estas organizaciones están constituidas para proteger los derechos de los consumidores de marihuana independientemente de si son consumidores terapéuticos o no.  Amparados bajo el Registro de Asociaciones, estos clubes se presentan como una alternativa real al mercado negro, son un movimiento social en contra de la actual corriente prohibicionista.

 Los CSCs producen marihuana en un sistema de circuito cerrado restringido a los miembros registrados en las subsecuentes asociaciones. Cada año los miembros registran la cantidad estimaba a consumir en un año, por la cual pagan un precio para cubrir los costes de producción, nunca para obtener beneficios. Con este procedimiento los CSCs tratan de evitar que sus actividades sean enmarcadas dentro del tráfico de drogas.
En términos legales los CSCs se amparan dentro de una sentencia 2008 del Tribunal Supremo en la cual se considera el consumo colectivo.  Según esta interpretación de código penal el consumo de marihuana no será castigado siempre tenga lugar en un espacio cerrado y todos  los individuos implicados sean consumidores, mayores de 18 años y no padezcan ninguna enfermedad psíquica.

 A pesar de que muchas de estas asociaciones contribuyen con un 18% del IVA y han comenzado a auditar e informar a las autoridades policiales sobre sus plantaciones, no están exentas del acoso policial. Esta situación es consecuencia de la ambigüedad legal en la que están sujetas estas organizaciones. Mientras el código penal y la jurisprudencia emitan mensajes contradictorios sobre la posesión y consumo; y mientras no existan una normativa que  legitime dicha actividad y su compatibilidad con la Ley Corcuera, la situación de los CSC continuara siendo controvertida. En palabras de Barriuso, “actuamos al filo de la ley, no fuera de la ley”.
Después de días de incertidumbre, Barriouso fue puesto en libertad bajo fianza de 15000 euros, la cual será cubierta por mediante donaciones voluntarias de miembros. En declaraciones a los medios, Barriuso denuncio el maltrato recibido e insistió en la labor social de los CSC  como una alternativa real para los consumidores terapéuticos y para acabar con el mercado negro.