Bangladesh Comenzará a Colgar Personas por Delitos No Violentos de Drogas

Fuente: Flickr

Las personas en Bangladesh se enfrentan ahora a la ejecución por una variedad de delitos no violentos de drogas.

La Ley de Control de Narcóticos del 2018, que entró en vigor el 27 de diciembre, ordena la muerte o cadena perpetua para cualquier persona condenada por cometer una serie de delitos relacionados con las drogas. Tales crímenes incluyen la comercialización y producción de más de 25 gramos de heroína o cocaína, y la comercialización y producción de más de 200 gramos de metanfetamina (coloquialmente conocida como “yaba”), reporta Dhaka Tribune. La comercialización o producción de menos de 200 gramos de metanfetamina, o menos de 25 gramos de cocaína o heroína, ahora serán castigados con entre dos y 10 años de prisión.

Bajo el Código de Procedimiento Penal de 1898, “cuando cualquier persona es condenada a muerte, la sentencia ordena que ésta sea colgada por el cuello hasta que muera”.

Según Harm Reduction International, la última sentencia de muerte por un delito de drogas en Bangladesh fue en el 2009. Ahora parece que esto cambiará.

El Ministro de Interior, Asaduzzaman Khan, dice que tales castigos tan estrictos son necesarios para persuadir a la gente de usar drogas; “Ésta juventud pierde su habilidad para trabajar, su actitud de servicio, y creatividad, debido a la adicción a las drogas y esto se convierte en una carga para la nación en el proceso”. Añadió que la implementación de la nueva ley significa que “Seguramente tendremos éxito en controlar las drogas”.

El movimiento hacia la implementación de la pena capital por delitos de drogas en Bangladesh inició en el 2017, siguiendo un aparente aumento en el uso de metanfetaminas, y aumentó cada vez más las acaloradas discusiones sobre el tema. Como TalkingDrugs informó, el Departamento de Control de Narcóticos del país advirtió que el país “[necesitaba] hacer algo drástico sin demora para salir de esta mala situación. De otra manera, toda la nación podría inmediatamente empezar a sufrir tanto [que] irá más allá de la recuperación y reparación”.

En el período intermedio, entre los oficiales expresando su deseo por una pena de muerte y la ley entrando en vigor, las autoridades aparentemente empezaron su propia ilegal y mortal guerra contra las drogas – guardando similitudes con la masacre en marcha bajo el poder del Presidente Duterte en Filipinas. Cientos de personas han sido asesinadas por las fuerzas de la ley en 2018 por presuntas implicaciones con la venta de drogas. Las autoridades han afirmado que todos los asesinados fueron muertos por balas en medio de tiroteos, pero los grupos de derechos humas y algunos testigos aseguran que la gente está siendo ejecutada – algunos por razones políticas o por venganzas personales no relacionadas con las drogas en lo absoluto.

Khan advirtió que “esta guerra continuará hasta que tengamos [las drogas] bajo completo control”. Denunció que aquellos asesinados no eran “buena gente”, y dijo que “no había duda” de que todos ellos vendían drogas ilegales.

La falta de evidencia y supervisión en estos asesinatos sugiere que el estado puede continuar ejecutando a las personas bajo la nueva ley contra drogas sin suficientes pruebas de culpabilidad.

Ejecutar a las personas por delitos de drogas es una violación a la ley internacional. El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que: “En países donde no se haya abolido la pena de muerte, la sentencia de muerte solo puede ser impuesta para los crímenes más serios”. En 2017, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “'los crímenes más serios'… han sido interpretados para significar sólo crímenes que involucren asesinatos intencionales”.

Incluyendo Bangladesh, hay 33 países – incluyendo Arabia Saudita, Sudán, y los Estados Unidos – que conservan la pena de muerte por delitos de drogas.