Bangladesh Planea Adoptar la Pena de Muerte por la Venta de Metanfetaminas

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Las autoridades de Bangladesh han propuesto una revisión de las leyes de drogas del país, que incluye disposiciones para que las personas sean ejecutadas por la venta de metanfetamina.

El Departamento de Control de Narcóticos de Bangladesh (DNC) ha redactado una nueva legislación general sobre drogas, la Ley de Control de Narcóticos del año 2018, que reemplazaría a la existente Ley de Control de Narcóticos del año 1990. Si se introduce esta nueva ley, cualquier persona que sea descubierta produciendo o vendiendo más de 200 gramos de metanfetamina, coloquialmente conocida como "yaba", podría enfrentar la pena de muerte. La pena máxima actual por tales delitos es de 15 años de prisión.

Jamaluddin Ahmed, jefe del DNC, declaró a principios de abril que "se elevará el castigo por el tráfico de yaba. En la nueva ley, la pena máxima será [la] sentencia de muerte", según la Agence France-Presse. Ahmed también justificó la medida draconiana al referirse a "un gran flujo de yaba desde Myanmar" que las autoridades no han podido contener, y que ha resultado, según él, en su uso cada vez mayor.

Actualmente, la ley permite que se imponga la pena de muerte por otros delitos relacionados con drogas, incluido el tráfico de heroína, pero es muy poco frecuente en la práctica. Bangladesh no ha ejecutado a nadie por un delito relacionado con drogas desde el año 2009. Un movimiento hacia la aplicación de la pena capital para ciertos delitos relacionados con las drogas comenzó a aumentar en el año 2017, luego de un aparente aumento en el uso de metanfetamina y discusiones políticas cada vez más candentes sobre el tema.

"La drogadicción ... se está convirtiendo en una situación grave ... La nación en general está en pánico con la consecuencia de [la] tendencia creciente de usar artículos de aditivos diversificados [sic]", dijo un portavoz de la DNC en marzo del año 2017, "tenemos que hacer algo drástico sin demora para salir de esta situación perniciosa. De lo contrario, toda la nación puede comenzar a sufrir de inmediato [tanto] que irá más allá de la recuperación y la reparación".

En julio del año 2017, el Ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, anunció que el gobierno reclasificaría la metanfetamina como droga Clase A, en lugar de Clase B, para que la pena de muerte pueda aplicarse por el tráfico de la sustancia.

Los activistas han expresado su preocupación por estas propuestas, citando la corrupción policial como un factor que podría llevar a que las personas sean condenadas falsamente por delitos relacionados con drogas y luego ejecutadas por el estado por un delito que no cometieron. El activista de derechos humanos Nur Khan Liton dijo: "En muchas ocasiones, los miembros de la policía usan narcóticos como un medio de acumular dinero (de las personas) ilegalmente. En muchos casos, lo hacen colocando varias drogas, incluidas las píldoras yaba, en los bolsillos de las personas".

Ejecutar personas por delitos de drogas es una violación de la ley internacional. Según el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "En los países que no han abolido la pena de muerte, la pena de muerte sólo puede imponerse para los delitos más graves". En el año 2017, tras la ejecución de un hombre encontrado en posesión de heroína en Singapur, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que "los crímenes más graves ... se han interpretado como únicamente aquellos delitos que implican homicidio intencional".

The Dhaka Tribune informa que el proyecto de ley está siendo revisado por los ministros pertinentes, antes de que pueda ser promulgado en los próximos meses.