Cómo la Guerra contra las Drogas Vulnera la Cultura Indígena

Se han usado sustancias químicas potencialmente cancerígenas para erradicar cultivos de coca en tierras indígenas en Colombia

(Fuente: Pixabay)

 

En una tragedia continua y poco difundida, los pueblos indígenas de todo el mundo sufren sistemáticamente violaciones de sus derechos en nombre de la guerra global contra las drogas.

Este año marca el 12° aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), originalmente destinada a defender “estándares mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.

El Artículo 5 de la UNDRIP establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a “mantener y fortalecer sus diferentes tradiciones culturales”; sin embargo, este derecho es sistemáticamente violado por la guerra contra las drogas, particularmente en las Américas. La planta de coca - a partir de la cual se produce la cocaína - ha sido utilizada durante mucho tiempo con fines medicinales y culturales por los pueblos indígenas andinos; sin embargo, debido a los tratados internacionales sobre drogas que prohíben tales prácticas, estas comunidades enfrentan la criminalización y la pérdida de medios de subsistencia. Los campos de coca han sido sistemáticamente envenenados, quemados y destruidos en Colombia y en otros lugares de América Latina por actores tanto nacionales como internacionales.

El artículo 7 de la UNDRIP estipula el derecho de los pueblos indígenas a “la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad como personas”, y es aquí donde la brutalidad de la guerra contra las drogas es más evidente. Atrapados en el fuego cruzado entre los productores de drogas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los indígenas que habitan en tierras fértiles y productoras se encuentran entre los que más sufren.

Desde América hasta el sudeste de Asia, los pueblos indígenas regularmente se enfrentan a ser expulsados ​​de sus tierras por los cárteles, a ser envenenados por el uso de un aerosol tóxico diseñado para destruir las cosechas de drogas y, en innumerables casos, ser asesinados por los mismos gobiernos que se supone deben protegerlos. La guerra contra las drogas está causando estragos en la vida, la libertad y la seguridad de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Los pueblos indígenas de muchos países también están criminalizados desproporcionadamente a causa de la guerra contra las drogas. En los Estados Unidos y Canadá, se ha demostrado que las comunidades indígenas están excesivamente representadas dentro de la población penitenciaria en general, pero particularmente en el número de personas procesadas por delitos no violentos relacionados con las drogas.

La criminalización ha dañado a las comunidades indígenas a nivel mundial. El racismo estructural, la marginación y el abuso histórico que estas personas han enfrentado sin duda han contribuido a un trauma intergeneracional significativo.

Los pueblos indígenas también sufren regularmente la infracción del Artículo 31: el derecho a su propiedad intelectual (PI). En 1985, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estimó que el mercado mundial anual de medicamentos derivados de plantas medicinales descubiertas por pueblos indígenas, ascendía a 43 mil millones de dólares, una cifra que seguramente es más alta en la actualidad.

Incluso hoy, a medida que se revela una nueva “revolución psicodélica”, a los pueblos indígenas a menudo se les niegan los beneficios de la comercialización de Ibogaine, Ayahuasca y otras medicinas indígenas tradicionales. Algunos pueblos indígenas han comenzado a beneficiarse de este llamado “narco-turismo” en América Latina, en particular en los lugares donde las ceremonias de ayahuasca atraen a muchos turistas, pero muchas de estas prácticas continúan siendo lideradas por operadores no indígenas.

En la historia global moderna, los pueblos indígenas a menudo han sido los más perjudicados por las fuerzas de la globalización. La UNDRIP fue un intento de detener y reparar algunos de estos daños, estableciendo un marco para que las personas indígenas sean respetadas, sus culturas protegidas y sus vidas valoradas. Pero la guerra contra las drogas rara vez ha respetado, protegido o valorado la vida.

En el 12° aniversario de la UNDRIP, podemos ver que las políticas aplicadas en la guerra mundial contra las drogas continúan violando los derechos de los pueblos indígenas con impunidad. Es hora de que los derechos de estos pueblos dejen de ser vistos como secundarios a los derechos de los demás, y que las Naciones Unidas y sus miembros se comprometan a una convención legalmente vinculante, en lugar de una simple declaración. Los indígenas han sufrido a manos de la guerra contra las drogas durante generaciones. Ya es hora de romper este ciclo.