Cannabis en Sudáfrica: la duplicidad de las autoridades coloniales

Con las colinas de Cabeza de León y Signal Hill como telón de fondo, activistas en favor de la legalización alzan una pancarta en la Marcha por el Cannabis organizada en Ciudad del Cabo en 2017. Fuente: Wikimedia

 

La historia del cannabis en Sudáfrica tiene dos trayectorias particulares y a veces contradictorias. Una, el esfuerzo centenario por prohibir su consumo. La otra, una historia de gobiernos y administradores coloniales, y su intento por generar un cultivo lucrativo de cannabis. 

Ambas tendencias comenzaron a desarrollarse seriamente a partir de 1916.

El gobierno de esa época estaba abocado a resolver las tensiones políticas internas y la guerra imperialista internacional. Como parte del imperio Británico, la Unión Sudafricana debía promulgar leyes que transpusieran a nivel interno los tratados internacionales a los cuales estaba sujeta directa o indirectamente.  

Fue así que el gobierno Unionista introdujo la Ley sobre Opio y Otras Drogas Adictivas para cumplir con el tratado internacional firmado en La Haya en 1912.  Dicha ley incluía la cannabis sativa y el cáñamo índico a pesar de contar con escasas pruebas de que dichas sustancias fueran tan adictivas como el opio. La ley fue elaborada en base a leyes de menor escala previamente promulgadas en las provincias coloniales de Natal y Colonia del Cabo.

La segunda corriente iba desarrollándose simultáneamente. En julio de ese mismo año el Castillo de Balmoral zarpó hacia Londres desde Cabo Oriental con 11 bolsas de dagga (nombre con que se conoce al cannabis en Sudáfrica) en el compartimiento de la compañía Dreyfus Ltda. El Departamento de Minas e Industrias del gobierno Unionista estaba muy interesado en disponer de una muestra que probara el potencial de desarrollo económico del cannabis en el mercado farmacéutico internacional. 

Estas divisiones al interior del estado muestran cómo las intenciones políticas detrás de la criminalización del dagga entraban en contradicción - y cohabitaban - con su promoción comercial como un lucrativo bien de comercio internacional.

 

Promotores Sudafricanos del dagga

 

En 1917, el Instituto Imperial de Londres declaró que las muestras de Dreyfus no eran químicamente concordantes con la cepa índica disponible en el resto del mercado imperial británico.

Pero eso no disuadió al Departamento de Minas e Industrias ni a la División Gubernamental de Botánica de Pretoria. Ambos tomaron conciencia de la necesidad de contar con pruebas más acuciosas y precisas, y de una producción estandarizada de dagga en Sudáfrica. Ambas divisiones gubernamentales trabajaron activamente con colonos y empresas comerciales en experimentos con cannabis con el objetivo de propulsar un mercado internacional. 

Para ese entonces, el imperio ya conectaba Sudáfrica con ciudades en Gran Bretaña, India, isla Mauricio y los vastos dominios coloniales del Caribe. Desde la Conferencia Colonial de 1907, los dominios y colonias venían participando activamente en la creación de mercado para las mercancías producidas al interior del imperio. Lo hacían a través del trabajo de promoción de los Comisionados de Comercio. Hacia fines de 1917, el Comisionado de Comercio para Sudáfrica trabajaba facilitando la certificación de las muestras sudafricanas y contactando influyentes compradores en lugares como Londres.

Pero la inestabilidad del mercado y la competencia con productos estandarizados provenientes de India pusieron a prueba esas ambiciones.

Poco tiempo después, el Departamento de Minas e Industrias comenzó a apoyar a empresarios locales en la búsqueda de fabricantes internacionales de papel interesados en el fibroso tallo de la planta de cannabis. Uno de ellos era un granjero llamado E.D. Punter. Punter también quería cultivar el cáñamo para producir aceite y granos utilizables como alimento para pájaros. Sin embargo, su estrecha colaboración con el Departamento de Industrias se ganó la ira del Departamento de Sanidad Pública, el cual en 1923 los recriminó duramente por los esfuerzos realizados.

 

La ruta legal

 

Hacia 1923, el debate en torno al dagga se había fuertemente racializado. Históricamente, el consumo de cannabis había sido visto por los colonizadores blancos como una conducta inmoral propia de Africanos e Indios. En los años posteriores a la Unión, los llamados a prohibir el cannabis combinaron temores racistas popularizados por la prensa escrita con políticas concebidas para controlar su uso como medio de subsistencia, así como también su uso medicinal y recreativo.

Esto se tradujo en políticas criminalizadoras a nivel nacional, y en presiones simultáneas por lograr la prohibición a nivel global. En el plano internacional, el gobierno de Jan Smuts pidió encarecidamente a diplomáticos integrantes de la Liga de Naciones en Ginebra que consideraran la inclusión del cannabis y el opio en una versión actualizada de la convención internacional de drogas.

En 1925, el primer instrumento para el control y supresión de la producción, el consumo y el comercio de cannabis fue elaborado. Conocido como el Convenio de Ginebra sobre drogas nocivas, dicho instrumento legal convirtió la planta de cannabis en objeto de persecución penal a nivel nacional e internacional. A través de esta drástica medida, la diversidad de formas y productos derivados del cannabis existentes en África y Asia fueron declarados ilegales.

Aun cuando el gobierno de Smuts abogaba por la criminalización internacional, el Departamento de Industrias continuó consagrando esfuerzos al testeo de productos derivados del cannabis. El señor W. Perfect, proveniente de Ladysmith en la provincia de Natal, solicitó a dicho departamento que experimentara con la “cuerda derivada del insangu”. W. Perfect esperaba que la cuerda de cáñamo fuera un insigne representante del dominio en la Exposición del Imperio Británico que tendría lugar en Londres en 1924.

Pero el gobierno de Smuts tenía otros planes. Este último continuó ejerciendo presión diplomática para asegurarse de que el cannabis fuera criminalizado del mismo modo que el opio.

 

Ondulaciones

 

Vale la pena revisar las ondulaciones de esta historia contradictoria en momentos en que Sudáfrica entra en una nueva fase regulatoria. En 2018, la Corte Constitucional del país emitió una sentencia histórica que despenalizaba el consumo de cannabis al interior de viviendas privados. Esta resolución aplanó el camino para que aproximadamente 900.000 granjeros cultivaran cannabis legalmente. 

Las voces a favor de la legalización han alabado el dictamen por representar un paso importante. Éste desafía la historia de la regulación del dagga basada en los sistemas coloniales de prejuicio racial. Sin embargo, 100 años después, los pequeños granjeros y consumidores siguen siendo vulnerables frente al mercado internacional del cannabis a menos que estén protegidos adecuadamente. Conocimientos culturales específicos sobre el cannabis deben también ser integrados en el diseño de medidas regulatorias  ya que éste tiene diversos significados simbólicos y una variedad de estilos de cultivo y uso. 

Con billones de ingreso potencial en juego, el consumidor sudafricano común, para quien el dagga ha sido históricamente un objeto de entretenimiento cotidiano o de sanación, no debe ser excluido de la historia. 

 

Este artículo es una publicación original de The Conversation publicada bajo licencia Creative Commons. Lea el artículo original aquí. 

Este es el tercer artículo de la serie sobre regímenes regulatorios de drogas en el sur de África. Los artículos están basados en una investigación realizada para una edición especial de la Revista Sudafricana de Historia. Lea el artículo completo aquí

Utathya Chattopadhyaya, Profesor Asistente, Universidad de California, Santa Bárbara.