Caso de Muerte por Éxtasis en Belarús Pone de Manifiesto el Peligro de Prohibir

Activistas de Legalize Belarus durante un evento en Minsk

Un juicio penal de alto perfil, que involucró a un grupo de jóvenes y la trágica muerte de una joven tras consumir éxtasis, ha suscitado fuerte polémica en Belarús.

El 4 de agosto de 2018, ocho jóvenes se reunieron en el departamento de Diana L (nombre completo retenido) y tomaron cerca de 300 mg de éxtasis cada uno (repartidos en dos dosis), una cantidad considerada como una dosis elevada.

Después de tomar la segunda dosis, Diana se sintió descompuesta, comenzó a sufrir espasmos y murió poco después; ella había estado tomando medicamentos antidepresivos, y probablemente no sabía que combinar ese tipo de medicación con éxtasis puede llevar al síndrome de serotonina, una patología potencialmente mortal. Sus amigos intentaron reanimarla, pero no llamaron a los servicios de emergencia durante aproximadamente una hora por temor a ser procesados, ​​en virtud de las leyes represivas sobre drogas del país.

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El 2 de enero de 2019, el caso fue llevado ante el tribunal de Pieršamajski en la capital belarusa, Minsk. Este fue el primer juicio penal relacionado con este caso y, por consiguiente, atrajo mucha atención de los medios estatales y no gubernamentales.

Según el artículo 328 del Código Penal del país, los acusados ​​enfrentan hasta cinco años de prisión. La ley establece que “la fabricación, el procesamiento, la adquisición, la posesión, el transporte o el envío de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus precursores o análogos se castigan con restricción de la libertad por […] hasta cinco años o encarcelamiento por un período de dos hasta cinco años”.

Algunos miembros de un grupo activista local, el Movimiento de Madres 328, intentaron asistir al juicio, alegando que el caso penal se estaba basando en la parte equivocada del artículo 328. Argumentaron que los acusados ​​debían enfrentar sentencias aún más severas, siendo juzgados a partir de un aspecto de la ley que puede conllevar una sentencia de 25 años.

“¿Por qué las personas condenadas entre 2012 y 2017 estuvieron sujetas al rigor de tal sanción, mientras que a estos muchachos se les juzga con generosidad y humanidad?”, escribió en Facebook Natalla Leŭchina, de Mothers 328. Afirmó que las autoridades están buscando sentencias relativamente más leves para demostrar leyes de drogas pretendidamente mejoradas.

Leŭchina hacía alusión a un cambio legislativo en la política de drogas de Belarús, ocurrido en mayo de 2018, en virtud del cual los castigos por ciertos delitos relacionados con las drogas fueron reducidos. Dicho cambio fue aprobado por el parlamento, pero fue rechazado por el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.

A pesar de la falta de reforma legal, las prácticas de aplicación de la ley se han suavizado en el país y se han aplicado sanciones menos severas por posesión de drogas para uso personal. No obstante, la posesión de drogas aún se reprime penalmente, y las sentencias suelen oscilar entre uno y cinco años de prisión.

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Legalize Belarus, un grupo de campaña cívica belaruso cuyo objetivo es promover el debate público sobre las sustancias psicoactivas en el país, ha acusado al gobierno de causar indirectamente la muerte de Diana debido a su política prohibicionista de drogas.

Argumentan que centrarse en medidas de disuasión hace que las personas se abstengan de buscar ayuda, y que el cambio legislativo propuesto por el parlamento el año pasado no se ha puesto en práctica oficialmente debido a la falta de voluntad del Ministerio del Interior o del Tribunal Supremo para respaldar la reforma.

“Si bien el uso de drogas es un delito”, dijo Stas Šašok del grupo, “muertes como estas seguirán ocurriendo”.

Los activistas del grupo asistieron al juicio para distribuir folletos acerca de las prácticas de reducción de daños y el uso más seguro de las drogas entre los reunidos fuera del tribunal.

 

Piotr Markiełaŭ, fundador de Legalize Belarus, comenta el caso

Legalize Belarus aboga por la despenalización de pequeñas cantidades de drogas ilegales. En 2018, recolectaron alrededor de 3.000 firmas para una petición de despenalización y organizaron varias manifestaciones públicas para promover la reforma de la política de drogas. La organización enfrenta muchos obstáculos, entre ellos la oposición represiva del gobierno autoritario de Belarús, calificada por algunos como “la última dictadura de Europa”. A los activistas a menudo se les impide alquilar locales para conferencias educativas, los canales de televisión estatales han creado informes propagandísticos sobre su trabajo y su sitio web está bloqueado por el Ministerio de Información. Recientemente, fuerzas especiales del gobierno irrumpieron en sus fiestas para inspeccionar a los asistentes en busca de sustancias ilícitas.

En julio de 2018, la Comisión Global de Políticas de Drogas publicó un documento sobre Belarús donde mencionaba que “la única manera de poner fin al círculo vicioso del estigma y la prohibición es implementar un enfoque centrado en las personas, más conducente a crear sociedades más seguras y sanas” y declaró que el encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con las drogas debería terminarse. No obstante, Belarús sigue siendo un país con una de las políticas de drogas más duras e inhumanas de Europa.

Activistas de Legalize Belarus distribuyen folletos fuera de la Corte de Pieršamajski en Minsk

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La segunda audiencia del caso tuvo lugar en el tribunal de Pieršamajski el 3 de enero, y la tercera tendrá lugar el 9 de enero.