Desencarcelamiento COVID-19: los centros de detención de los que nadie habla

Fuente: Syuzann

En pocas semanas, el COVID-19 ha cambiado drásticamente nuestro modo de vida y ha dejado al descubierto las múltiples limitaciones de la forma en que nuestras sociedades detienen y encarcelan personas.

Considerando que el distanciamiento físico es casi imposible en las cárceles, éstas se han convertido en un tema central de conversación. El hacinamiento y las falencias en higiene y condiciones básica de saneamiento hacen de ellas un lugar inadecuado para proteger la salud de los prisioneros y funcionarios que allí trabajan, convirtiéndolas por el contrario en focos de enfermedades infecciosas como el COVID-19. La situación en otros centros de detención, como los centros para migrantes o jóvenes también está siendo escrutada.

Pero hay un tipo de centro de detención que ha estado virtualmente ausente de la cobertura mediática y la discusión de política, cuyas condiciones de internación son, en algunos casos, incluso peores que las carcelarias: los centros de detención y rehabilitación obligatorias para usuarios de drogas.

 

Los Centros de Detención para Usuarios de Drogas Operan en Todo el Mundo

 

La información sobre centros de detención para usuarios de drogas es incómodamente escasa. Según estimaciones, sólo en Asia más de 450 mil personas estarían detenidas en centros gubernamentales de tratamiento de drogas. Esto significa casi medio millón de personas sólo en un continente, personas sobre las cuales además se sabe muy poco. Y estos datos no incluyen centros privados de tratamiento y rehabilitación, que funcionan en todas partes del mundo, en colaboración o reemplazo de los servicios públicos.

La mayoría de las personas que se encuentran en centros de tratamiento y rehabilitación de drogas ha llegado ahí de forma involuntaria. Algunos han sido obligados a “rehabilitarse” luego de una condena por uso o posesión de drogas, mientras otros han sido internados después de una prueba obligatoria o de una denuncia por parte de miembros de la familia.

Lo que muchos de estos centros tienen en común son las deplorables condiciones de detención, que incluyen sobrepoblación, falta de saneamiento y de alimentación inadecuada, tal como ha señalado TalkingDrugs anteriormente. Dichos centros imparten tratamientos extremadamente punitivos que no siempre se basan en evidencia científica, y a menudo se acercan al maltrato. Abundan reportes sobre humillaciones, golpes y negación de comida, en ocasiones con consecuencias fatales. El personal médico opera sin supervisión, sin tener en cuenta el consentimiento expreso y la privacidad de las personas. Instituciones de Naciones Unidas han exhortado repetidamente al cierre de dichos centros, como lo muestra la declaración conjunta de doce agencias ONU lanzada en 2012. Pero se ha hecho oídos sordos.

Respondiendo a duras penas a la pandemia, las autoridades a través del mundo han adoptado pragmáticas medidas de liberación anticipada de reos, u otras políticas destinadas a reducir el número de personas en prisión. Aun cuando los estándares internacionales requieren condiciones humanas de detención, sólo en el contexto del COVID-19 los gobiernos han considerado seriamente las consecuencias en términos de salud pública de la sobrepoblación carcelaria y el fracaso casi universal en el cumplimiento de los estándares internacionales.

Pero la conversación no se limita a las cárceles. Debemos presionar a los gobiernos para que implementen medidas similares para la liberación de personas retenidas involuntariamente en centros de tratamiento y rehabilitación, quienes también se encuentran en lugares sobrepoblados que no cuentan con el equipamiento necesario para proteger la salud y la vida de las personas allí retenidas.

 

Expertos de Naciones Unidas Concuerdan: los Centros de Detención para Delitos Relacionados con Drogas deben ser Cerrados

 

A principios de abril, un experto en derecho a la salud de la ONU publicó una declaración instando a los gobiernos a cerrar los centros de detención para delitos relacionados con drogas y a liberar a los detenidos como parte de una respuesta efectiva y basada en los derechos humanos al COVID-19. En la declaración, que contó con el apoyo de otros siete expertos de Naciones Unidas, también hizo un llamado a los gobiernos a “asegurarse de que las personas liberadas de prisión y otros centros de detención continúen recibiendo apoyo, y tengan así un oportuno acceso a la vivienda y a la salud en sus comunidades”.

Esta pandemia ofrece una trágica oportunidad de pensar en la detención como primer recurso, así como en las políticas que generan el encarcelamiento masivo, sin mencionar la llamada “guerra contra las drogas”. Es una oportunidad para revisar dichas políticas y presionar por un cambio radical de nuestro enfoque del encarcelamiento y la detención forzada.

No debemos perder la oportunidad de poner en entredicho la mera existencia de los centros de detención para delitos relacionados con drogas, así como los enfoques que los sustentan. Debemos trabajar para asegurarnos que las políticas de salud y drogas post-Covid no refuercen o incluso expandan los centros de detención y rehabilitación forzada. Es el momento para que los movimientos por la justicia social aboguen para que el encarcelamiento, la rehabilitación y la internación forzadas sean dejados de lado de forma permanente.