El enfoque inteligente de Bolivia para el Control de la Producción de Coca

Origen de la Imagen: Thomas Grisaffi/FPIF

El 14 de mayo del 2015, el gobierno de Colombia anunció que iba a dejar de usar glifosato en la fumigación aérea de cultivos de coca. El herbicida ha sido utilizado como parte de una estrategia de reducción de la oferta, esto se prolongo por 20 años y fue apoyado técnica y financieramente por los Estados Unidos.

La decisión de Colombia se dio inmediatamente después de la publicación de un informe por el International Agency for Research on Cancer y difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que etiqueto al glifosato como un herbicida potencialmente cancerígeno.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, campeón de la reforma de la política de drogas en el ámbito internacional, ha anunciado una moratoria hasta el 1 de octubre del 2015, para identificar alternativas para el método de erradicación aérea para el control de la producción de cocaína en su lugar de origen. Mientras que los defensores de la erradicación forzada están exigiendo a Colombia reanudar esta práctica, los críticos de este modelo están pidiendo políticas que prioricen el desarrollo humano y los derechos humanos.

Este artículo fue publicado por primera vez por Open Society Foundations. Lea el artículo original aquí.

Durante los últimos 30 años, Colombia, Bolivia y Perú, los productores de coca-cocaína más grandes del mundo, han experimentado lo peor de la "Guerra contra las Drogas", y sus comunidades pobres y marginadas han asumido esta carga desproporcionada. La erradicación forzada de cultivos que utilizan pesticidas dañinos y la falta de alternativas de medios de vida viables han puesto la salud y la economía de las comunidades locales en riesgo y son las causas del desplazamiento forzado. El aumento de la militarización de la guerra contra las drogas junto con la expansión de la autoridad policial y la corrupción han provocado desestabilización social, la erosión de la seguridad pública y la muerte de ciudadanos, activistas y periodistas.

La nueva evidencia sobre los beneficios potenciales de un enfoque más progresista ofrece a Colombia la oportunidad de distanciarse de los mecanismos tradicionales de control de la oferta de la coca mediante la colocación de los derechos de los agricultores en el centro de la reforma de la política de drogas.

El reporte Habeas Coca: Bolivia’s Community Coca Control escrito por Kathryn Ledebur y Linda Farthing, es oportuno en el ofrecimiento de alternativas a la erradicación forzada. La más reciente contribución al Serie Lecciones en Políticas sobre Drogas se basa en un proceso iniciado en Bolivia en el año 2004, cuando la política de Cato se puso en práctica, permitiendo a los agricultores cultivar 1,600 metros cuadrados de coca de subsistencia por hogar. Más tarde, en el año 2009, bajo la administración de Evo Morales, la aplicación del modelo de control de la comunidad comenzó. Bajo este esquema, los agricultores están sometidos a la supervisión por parte de sus compañeros y donde se identifica el exceso de producción de coca, es voluntariamente erradicado, poniendo a la erradicación forzada fuera de la ecuación. Este modelo no se limita necesariamente a controlar el exceso de producción de coca. Según ha informado Ledebur y Farthing, este es un modelo multidimensional y participativo que promueve la industrialización de la coca y mejora la vida de los agricultores.

El modelo de control de la comunidad boliviana puede ser visto como una secuencia de acciones de política pública replicables: la despenalización de las hojas de coca y de los cocaleros; la creación de mecanismos de participación de cultivadores de coca; y el apoyo a proyectos de desarrollo socio-económico integral y sostenible con respecto a la planta de coca. Como ha señalado Ledebur y Farthing, el modelo de control de la comunidad "ha demostrado ser más eficaz y rentable que la erradicación forzada en el control de la producción de coca y representa una propuesta local adecuada a su contexto."

La experiencia colombiana ofrece evidencia de los efectos nocivos de los mecanismos enfocados exclusivamente en la reducción de la oferta y demuestra sus limitaciones, dado que el país andino sigue siendo el principal exportador de cocaína a los EE.UU. Habeas Coca ofrece lecciones que otros países andinos pueden adaptar a sus propias realidades. El informe muestra que es posible reducir el cultivo de coca en una manera que sea pacífica y aumente la legitimidad del Estado. Todos estos factores son relevantes para el contexto actual de Colombia.

Según Habeas Coca, la producción de coca en Bolivia se ha reducido en un 24 por ciento desde el año 2008 cuando la erradicación forzada llegó a su fin y fue reemplazada por un modelo enfocado en el control de la comunidad. Desde la implementación de esta nueva política, los enfrentamientos violentos entre la policía y los agricultores casi han desaparecido. Por otra parte, de las casi 12 mil hectáreas de coca erradicadas, menos de 2,000 hectáreas fueron erradicadas por la fuerza, mientras que cerca de 10,000 hectáreas fueron removidas voluntariamente.

Los beneficios potenciales para Colombia son aún mayores, dado el contexto del proceso de paz entre el gobierno y el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El acuerdo parcial entre las dos partes sobre el problema de las drogas ha establecido mecanismos de participación para las comunidades que se dedican al cultivo de coca para definir su propio modelo de desarrollo integral, evitando proyectos de desarrollo alternativo ineficaces.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (The United Nations Office on Drugs and Crime’s - UNODC, por sus siglas en Inglés) en su más reciente informe sobre Colombia indica que el cultivo de coca aumentó en un 44 por ciento entre el año 2013 y 2014 y la producción de cocaína aumentó de 290 a 420 toneladas. Es evidente que las políticas que mantienen el status quo del enfoque al control de la coca han fracasado.

El modelo de control de la comunidad de Bolivia ofrece muchas ideas sobre la limitación de la producción de coca que pueden adaptarse al contexto colombiano. Tales enfoques, combinados con políticas de construcción del Estado en los territorios históricamente marginados, también pueden reducir la violencia, aumentar los medios de subsistencia, y colocar los intereses humanos en el centro de una política de oferta eficaz de drogas efectiva.

A finales de este mes, el Papa Francisco visitará Bolivia y ha pedido que hojas de coca esten  disponibles durante su visita. Idealmente, este evento aumentará la conciencia en el ámbito internacional de las políticas de la oferta que han sido perjudiciales para los derechos humanos y las culturas de las comunidades indígenas.

* Diego Garcia-Devis es un analista político y Oficial de Programa para el Programa Global de Política de Drogas de la Open Society.