Eliminar la Tabla de Consumo de Drogas en el Ecuador: Un Error Garrafal del Gobierno

La evolución de las tablas de consumo de drogas ecuatorianas a lo largo del tiempo, reduciendo las cantidades consideradas para "microtráfico" a lo largo de los años. Fuente: IDHDP.

Hace dos semanas, la ministra de gobierno, Alexandra Vela, anunció que el gobierno enviará un proyecto a la Asamblea Nacional para eliminar la tabla de consumo de drogas que fue creada en 2013 bajo el gobierno de aquella época mediante el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que luego pasaría a ser la Subsecretaría Técnica de Control y Administración de Sustancias (SETED), siendo sus funciones finalmente atribuidas al Ministerio de Interior. Esta famosa tabla permite diferenciar a los consumidores frente a los micro y narcotraficantes de acuerdo a la cantidad de droga que poseen, y juzgarlos de dicha forma. De esta manera, el objetivo principal de la tabla era empezar a tratar el abuso de las drogas como un problema de salud pública, algo innovador en el país, que nunca había vivido nada por el estilo.

Lamentablemente, la tabla nunca significó un avance para el país en cuestiones de despenalización de las drogas ni de cambio de perspectiva para la ciudadanía ni para las autoridades. La tabla quedó ahí, sin muchos avances y muy estática, sin una campaña efectiva y clara de educación, concientización y capacitación. Ahora con el aumento de la inseguridad en el país, con las noticias llenas de asesinatos, secuestros y violencia en las cárceles, el gobierno, en un ya fracasado intento de controlar una situación que claramente se sale de sus manos, quiere volver a instaurar “mano dura” en la guerra contra las drogas.

Esta mano dura trae muchas nuevas implicaciones. En primer lugar, se volvería criminalizar a los consumidores y adictos, en lugar de brindarles una atención adecuada que permita una reinserción social, laboral y política de los individuos. Las repercusiones que esto puede tener en las personas juzgadas y encarceladas pueden ser muy negativas desde el punto de vista psicológico, físico, familiar y más.

En segundo lugar, la violencia, en un país que está caotizado a causa de la inseguridad, traerá violaciones de derechos humanos, principalmente a quienes sean enjuiciados y juzgados, trayendo consecuencias graves para los individuos y sus seres cercanos. Asimismo, las políticas públicas deben ser acompañadas de medidas reparadoras para las personas y familiares que han sufrido de primera mano la guerra contra las drogas.

En tercer lugar, la guerra contra las drogas nunca ha funcionado y ha traído más problemas que soluciones de eso que dicen defender. Finalmente, el Estado debe dejar de inmiscuirse en los asuntos de los individuos, el consumo de sustancias es meramente una decisión humana racional, donde no se violentan los derechos de otras personas.

El consumo de drogas y el narcotráfico son recurrentes en Ecuador y en toda la región, sin embargo, las autoridades quieren volver a prácticas inservibles para contrarrestar el problema. Pero no es necesario que me escuchen a mí, lean un poquito sobre los casos de Portugal y los resultados que han obtenido con políticas públicas claras e innovadoras en su tiempo. Alejándose de una tabla que ayuda a diferenciar entre delitos menores y mayores es un paso en la dirección equivocada, impulsado por la creencia dogmática de que castigar severamente a quienes consumen drogas reducirá su consumo. Ninguna política de mano dura contra las drogas ha funcionado, así que ¿por qué esperar un resultado diferente esta vez?