En Brasil, Bolsonaro sigue bombeando sangre a la guerra contra las drogas

Jair Bolsonaro visita el Batallón Especial de Operaciones Policiales en Rio de Janeiro, agosto 2020. Fuente: Wikimedia Commons

Pocos días después de haber votado contra la reclasificación del cannabis en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) en diciembre 2020, el gobierno brasileño publicó un manual sobre los supuestos riesgos asociados al uso de cannabis. Basado en fuentes sesgadas y lleno de imprecisiones, desinformación y estereotipos, el documento establece que no existe el llamado uso medicinal del cannabis. El documento vincula el uso y tráfico de cannabis a la violencia y la criminalidad, pero no hay una sola palabra sobre la violencia de Estado que conlleva una política de drogas que legitima las operaciones policiales en las favelas y comunidades pobres, que se han convertido en cruzadas contra poblaciones negras y de color, cobrando la vida de niños(as) y enviando a sus familias tras las rejas.

Contrariamente a algunos de sus vecinos, el gobierno brasileño ha seguido entrabando los esfuerzos por despenalizar el cannabis. En 2017, cuando Argentina legalizó el uso medicinal de cannabis, el presidente brasileño de derecha Michel Temer censuró la publicación de un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que cuestionaba la mera existencia de una pandemia de adicción a las drogas; el gobierno fue acusado de suprimir datos que habrían cuestionado su guerra contra las drogas.

El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió invertir en la guerra contra las drogas desde que comenzó su campaña presidencial en 2018, promesa que renovó una vez electo. En 2019, durante su primer año en ejercicio, Bolsonaro firmó un decreto que establecía su propia guerra contra las drogas. Este nuevo instrumento jurídico excluye los enfoques de reducción de riesgos adoptados previamente, y reposa en el reforzamiento de la abstinencia obligatoria. En la práctica, esto canaliza el dinero de los contribuyentes hacia instituciones que sólo promueven la abstinencia y retira el financiamiento a las personas que consumen drogas. 

El gobierno brasileño también cambió la composición del Consejo Nacional de Política de Drogas, excluyendo a los representantes de la sociedad civil; 13 escaños fueron eliminados, incluyendo los ocupados por el Colegio de Abogados de Brasil, el Consejo Federal de Trabajadores Sociales, el Consejo Federal de Medicina, el Consejo Federal de Enfermería, el Consejo Federal de Psicología, la Sociedad Brasileña por el Progreso de la Ciencia y el Sindicato Nacional de Estudiantes. Los escaños previamente ocupados por un(a) antropólogo(a), un(a) periodista y un(a) artista también fueron removidos. 

Tras el decreto, Bolsonaro promulgó una nueva ley de drogas que endurece las penas para proveedores y permite el ingreso a tratamiento forzoso e involuntario de personas que consumen drogas. Las medidas fueron aclamadas y apoyadas por senadores y representantes involucrados en la industria de la rehabilitación, la cual, en Brasil, está fuertemente vinculada con organizaciones cristianas; sólo en 2019, el Ministerio de la Ciudadanía asignó 70% de sus fondos a programas de rehabilitación operados por instituciones católicas y evangélicas, algunas de las cuales pertenecen a miembros conservadores del congreso.

 

Guerra contra las drogas en la Derecha, la Izquierda y el Centro

 

Pero la extrema derecha no es en ningún caso la única responsable de la necropolítica de las drogas en Brasil. Antiguos gobiernos progresistas pavimentaron el camino para la escalada de vigilancia policial, la militarización y la violencia vinculada con las políticas de drogas y su aplicación. Según el Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), la ley de drogas promulgada en 2006 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miembro fundador del izquierdista Partido de los Trabajadores, tuvo un serio impacto en el dramático incremento de la población carcelaria que la siguió. La ley de 2006 reemplazó a la precedente, promulgada en 1976 durante los duros años de la dictadura militar, que establecía penas de cárcel y multas en caso de posesión de drogas.

La ley de 2006 introdujo una distinción entre usurarios y proveedores basada en la posesión de pequeñas o grandes cantidades de drogas, pero el texto no definía con precisión cantidades o límites, dejando así espacio para una aplicación sesgada. Cuando los cambios en la ley de drogas reposan en los oficiales encargados de su aplicación, los sesgos son de esperar. El abuso de poder llega sin sorprender.

La ley es un cheque en blanco para que la policía arreste a personas vulnerables y considere a los pobres, a los habitantes de barrios marginales y a las personas negras como traficantes de drogas y no como usuarios” dice el abogado penalista Joel Luiz Costa, nacido y criado en la Favela de Jacarezinho, rio de Janeiro. “En un país racista y dividido como el nuestro, donde la gente es juzgada por su código postal, este tipo de criterio no es una forma de justicia. [Un] chico negro, sin trabajo formal, que se encuentra en un barrio ghetto por la noche, en un lugar que se dice controlado por una cierta fracción, será necesariamente considerado como un vendedor de drogas sin importar la cantidad (de droga) que tenga”.

En 2005, 9% de la población carcelaria brasileña estaba cumpliendo una condena por posesión de drogas. En 2014, esta cifra aumentó a 28%. Según la última Encuesta Nacional de Información Penitenciaria, publicada en junio 2020, 32% de la población encarcelada en Brasil – 232.000 personas – estaban cumpliendo condena por crímenes relacionados con drogas, lo que representa un incremento de 23% desde que la ley de drogas de 2006 fue adoptada. Entre la población de mujeres en prisión, más de 18.000 (es decir 57%) están cumpliendo condena por delitos de drogas. 214.000 hombres en prisión, es decir 32% de la población penal masculina, están cumpliendo condena por delitos de drogas. No hay datos disponibles sobre personas negras cumpliendo condena por delitos de drogas, pero 66% de la población carcelaria brasileña está constituida por personas negras y de color.

Bolsonaro y su gabinete están abiertamente comprometidos con la escalada en la guerra contra las drogas, la creciente militarización de las fuerzas policiales y la abstinencia forzosa en lugar de la reducción de daños. Es probable que esta ideología, sumada a políticas y leyes de drogas más represivas y a la persecución policial, allanen el camino para el incremento de los castigos extrajudiciales y el encarcelamiento, que ya son una epidemia en Brasil

 

*Felipe Neis Araujo es un antropólogo brasileño preocupado por las políticas de drogas, la violencia estatal, el racismo estructural y la reparación de las desigualdades históricas. Escribe mensualmente un artículo para TalkingDrugs. Contactarlo a: neis.araujo@gmail.com