Estados Unidos Lanza Ataques Aéreos contra Laboratorios de Opio Afganos: El Ejército Justifica el Exterminio de Civiles por Supuestos Delitos de Drogas

Un fotograma de una filmación en video de los últimos ataques aéreos de los Estados Unidos contra laboratorios de opio afganos

Un fotograma de una filmación en video de los últimos ataques aéreos de los Estados Unidos contra laboratorios de opio afganos (Fuente: DVIDS)

Como parte de su política militar antiterrorista en Afganistán, Estados Unidos utiliza ataques aéreos para destruir laboratorios de opio y mata a cualquier persona que se encuentre allí.

Entre el 3 y el 5 de abril, fuerzas estadounidenses y afganas efectuaron 11 ataques aéreos contra laboratorios de procesamiento de opio en Afganistán, atacando instalaciones en las provincias de Farah y Nimroz. Una declaración de la OTAN describió los ataques como una “campaña anti-ingresos diseñada para deteriorar el método principal de financiación de las operaciones del grupo   Talibán: la producción de narcóticos”. Las autoridades estadounidenses estiman que el Talibán gana anualmente alrededor de 200 millones de dólares cultivando amapolas de opio y procesando las plantas [para obtener] heroína.

La coronel estadounidense Lisa García afirmó que no hubo víctimas civiles como resultado del bombardeo, informa Reuters, pero no declaró que no hubieran habido víctimas en absoluto. La falta de claridad con respecto a quién murió puede ser el resultado de un cambio reciente en la política de Estados Unidos: la administración de Trump ha otorgado permiso militar para llevar a cabo ataques aéreos contra personas que supuestamente proporcionan ingresos [para apoyar] la actividad terrorista. Esto sugiere que la definición que Estados Unidos tiene de “civil” ha cambiado.

En noviembre de 2017, similares ataques estadounidenses y afganos contra laboratorios de procesamiento de opio en la provincia sureña de Helmand dejaron [un saldo de] 44 “traficantes de drogas” muertos, según un funcionario afgano, informó Xinhua. Cuando los periodistas le preguntaron sobre estas muertes de civiles, el general John Nicholson, de las Fuerzas estadounidenses en Afganistán, dijo que el exterminio de personas que trabajan en instalaciones de procesamiento de drogas es legalmente válido debido a [que las] “nuevas autoridades [me permiten] ir tras las fuentes de ingresos del enemigo”.

La normalización gradual de este enfoque en los últimos meses indica un marcado cambio en la política estadounidense. En un documento reciente publicado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, el experto afgano en la industria del opio, David Mansfield, señaló que, desde este nuevo punto de vista, “los que trabajan o residen en estos laboratorios [ya no] son ​​vistos [por los Estados Unidos] como civiles involucrados en una actividad delictiva, sino como enemigos combatientes, sujetos al uso letal de la fuerza”.

Al referirse al último ataque de los Estados Unidos contra los laboratorios de opio, Mansfield dijo que es “difícil de creer” que no hubo víctimas civiles, y señaló que los informes locales de personas del área sugieren lo contrario. “¿No hay víctimas civiles porque los involucrados en la economía del opio ahora se definen como enemigos combatientes que financian la insurgencia o porque realmente nadie resultó muerto?”, expuso en Twitter.

Por supuesto, [el hecho de] estar presente en un laboratorio de opio no es evidencia concluyente de que una persona sea un “traficante de drogas”. Un número indefinido de personas (técnicos, personal administrativo, personal de limpieza o incluso familiares) podría estar presente en dicha instalación en cualquier momento. Si bien los Estados Unidos pueden argumentar que los ataques aéreos se dirigen a personas que financian al Talibán, la realidad es que el ejército está matando gente por presuntos delitos relacionados con las drogas.

Este enfoque es un fenómeno nuevo en las guerras de Estados Unidos contra las drogas y el terror. La administración Bush había intentado autorizar ataques contra instalaciones de procesamiento de opio en 2008, pero se cree que un ataque como ese nunca tuvo lugar, debido a la oposición de los aliados de la OTAN.

La estrategia está configurada para continuar. El 7 de abril, el general de división estadounidense James Hecker elogió los ataques y garantizó su continuación: “Los talibanes no tendrán refugios seguros. Seguiremos explotando sus redes y diezmando su habilidad para desarrollar narcóticos... Al cortar el sustento económico de los talibanes, también reducimos su poder para continuar estas actividades terroristas”.

Borhan Osman, un analista veterano del International Crisis Group1 (ICG, por sus siglas en inglés), disiente: “La mayoría de los laboratorios de drogas que son objeto de ataques son el principal medio de subsistencia de la gente común y, por lo general, se encuentran situados en áreas pobladas. Destruirlos sin proveer fuentes alternativas de ingresos, con la previsible muerte de civiles en el proceso, aumentará el apoyo popular para los talibanes”.

 

Nota de la traductora: 1. International Crisis Group​ es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la prevención y resolución de conflictos armados internacionales. ICG combina el trabajo de especialistas en el terreno con las labores de sensibilización desde sus sedes, ubicadas en los cuatro continentes. Actualmente monitoriza más de sesenta conflictos internacionales. (Fuente: Wikipedia).