Filipinas Afirma Que La Masacre De La Guerra Contra Las Drogas “Protege Vidas”, En El Día De Los Derechos Humanos

El gobierno filipino ha afirmado que la guerra contra las drogas de su país protege a ciudadanos inocentes, a pesar de que el Presidente Duterte admitió el papel del estado en asesinatos extrajudiciales.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Presidencia de Filipinas publicó una declaración donde afirma que el Presidente Rodrigo Duterte se encuentra trabajando en “promover los derechos humanos”. El documento de una página asegura que la “cruzada contra la criminalidad, corrupción, terrorismo, insurgencia, y la proliferación de drogas ilegales” del gobierno estaba siendo conducida para “proteger las vidas de ciudadanos respetuosos de las leyes de su país”. También recalcó que “en todas éstas [actividades], el estado de derecho se mantiene cuando los culpables son llevados ante la justicia”.

La declaración contradice directamente las observaciones hechas anteriormente por el presidente. El líder ha llamado abiertamente a asesinar a la gente que usa drogas desde antes de su elección, y recientemente insistió que su “único pecado [durante su mandato] son los asesinatos extrajudiciales”.

De acuerdo a un estimado de Humans Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), más de 12.000 hombres, mujeres, y niños han sido asesinados – sin juicio ni condena – entre junio del 2016 y enero del 2018. La tasa de mortalidad sin lugar a dudas a aumentado en el último año, aunque el número exacto es desconocido.

En muchos casos de gente asesinada, no había evidencia de que las víctimas estuvieran relacionadas con las drogas – ya sea en términos de uso, venta, o producción.

Declaración completa de la Presidencia (click para agrandar)

La organización Filipina de derechos humanos, Karapatan, mencionaron que la masacre de la guerra contra las drogas es una de las muchas maneras en las que “el régimen de Duterte está empujando la represión por nuestras gargantas”.

“El régimen de Duterte es un gobierno que intencionalmente viola los derechos de la gente; no es un gobierno para el pueblo. Simplemente ha fortalecido un sistema que solo proporciona el debido proceso, justicia, y privilegios a la élite, dejando al resto de nosotros como blancos para el abuso de los derechos y pobreza descontrolada”, dijo Cristina Palabray, la secretaria general de Karapatan.

Sin duda, la guerra contra las drogas de Duterte ha sido ampliamente criticada por apuntar a los pobres. Como TalkingDrugs lo ha informado, las autoridades han emprendido de puerta en puerta, pruebas obligatorias de en los slums y barrios pobres. El Asociado Superior de la Suprema Corte de Justicia, Antonio Carpio, condenó el enfoque por estar “concentrado en ir tras los pequeños vendedores [en vez de] ir tras los grandes capos de la droga”.

A inicios de este año, el propio hijo del Presidente Duterte – Paolo – fue absuelto de su participación en el intento de importación de 602kg de metanfetamina a Filipinas después de un juicio. Parece que las élites, tienen el derecho a un juicio dentro del estado de derecho; los ricos son inocentes a menos que se demuestren culpables, mientras que los pobres regularmente enfrentan la muerte por meros alegatos.

El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto exámenes preliminares en crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte, pero – por ahora – la masacre no muestra signos de detenerse.