Francia Considerará Despenalizar Todo Uso de Drogas, Tras un Informe Comisionado por el Gobierno

El presidente Emmanuel Macron ha insinuado su apoyo a la reforma de la ley de drogas

El presidente Emmanuel Macron ha insinuado su apoyo a la reforma de la ley de drogas (Fuente: Jeso Carneiro / Flickr)

Un nuevo informe parlamentario ha recomendado varias opciones para modernizar el proceso penal de Francia, incluida la despenalización de todo el uso de drogas, pero el gobierno aún no ha decidido sobre el asunto.

Dos miembros de la Asamblea Nacional (AM) - Eric Poulliat, asambleísta por el partido gobernante de centro En Marche, y Robin Reda, asambleísta por el partido Republicano de centroderecha - fueron comisionados por el gobierno a través de la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional para estudiar las políticas de drogas de Francia y para recomendar cambios que podrían aliviar la presión sobre el sistema de justicia penal del país. Curiosamente, a pesar de haber redactado el informe juntos, los dos legisladores difirieron en sus recomendaciones sobre la reforma legislativa; por lo tanto, decidieron sugerir que el gobierno eligiera entre dos opciones para responder frente a la posesión y el uso personal de drogas.

• El parlamentario Poulliat propuso que quien sea hallado en posesión de drogas debe enfrentar una multa fija de entre 150 y 200 euros (entre 132 y 176 libras esterlinas). Si una persona no paga la multa dentro del tiempo estipulado, se enfrentará a un proceso penal. Este enfoque también dejaría a criterio de los agentes de policía decidir si procesa penalmente a alguien.

• El parlamentario Reda propuso que la posesión y el uso personal de drogas debería bajar legalmente a la categoría de delito no penal (“una contravención”), lo que pondría fin a la posibilidad de enjuiciamiento. Alguien que fuera hallado en posesión de drogas se enfrentaría a una multa, y la cantidad que se le exigiría pagar podría aumentar en caso de reincidir en el mismo delito, pero la criminalización nunca sería una consecuencia; en otras palabras, [se trata de] la despenalización de la posesión y del uso personal de drogas.

Si bien muchos medios de difusión refieren que el informe se centra exclusivamente en la despenalización del cannabis, los cambios legislativos propuestos afectarían de hecho a todas las drogas actualmente ilegales. Benjamin Jeanroy, cofundador y jefe de política de drogas del “grupo de acción” de la organización reformista francesa ECHO, dijo a TalkingDrugs que “las leyes sobre drogas en Francia no establecen diferencias entre las sustancias ilícitas. No existe una distinción legislativa entre el cannabis y cualquier otra droga, por lo que el informe no puede crear una forma específica de tratar únicamente con cannabis. El hecho de que las recomendaciones afectarían la ley en torno a todas las drogas ilegales es probablemente la parte más crucial de este informe”. 

La ley francesa dice que la posesión de drogas para uso personal puede ser castigada con hasta 10 años de prisión, o con una multa de hasta 7,5 millones de euros (6,6 millones de libras esterlinas). Sin embargo, castigos tan extremos como los mencionados son raros, y las condenas por posesión a menudo resultan en multas mucho menores o en advertencias. No obstante, cada oficial tiene una amplia libertad en lo que hace a la forma de manejar los delitos relacionados con las drogas, y en este sentido la policía francesa ha sido acusada de tácticas discriminatorias, en particular contra las personas de color. Si alguna de las dos nuevas recomendaciones se llegara a aplicar, hay poco que sugiera que la presunta discriminación policial por delitos relacionados con las drogas pudiese verse reducida.

Jeanroy le dijo a TalkingDrugs que la recomendación de Poulliat en particular, más que reducir los daños de las políticas de drogas, presenta el riesgo de que continúe “la discriminación en el sistema de justicia penal, porque las mismas personas seguirán siendo arrestadas y hostigadas por posesión y consumo de drogas, particularmente los jóvenes de barrios empobrecidos. [La propuesta de Poulliat] renovará las tensiones entre estas poblaciones y las fuerzas del orden”.

El objetivo de las dos recomendaciones de reforma propuestas es descongestionar el sistema de justicia penal, no para aliviar los daños de la criminalización [que sufren] las personas que consumen drogas. Robin Reda afirmó que la reducción del número de personas procesadas por el uso de drogas permitiría a la policía y a los tribunales centrarse en la “lucha contra el narcotráfico”.

“Tenemos que movilizar a nuestra policía, nuestra aplicación de la ley y la justicia en la búsqueda de todos los canales de distribución: desde el pequeño comerciante callejero hasta el jefe de la red”, insistió. “Estas personas deben ser llevadas ante la justicia y finalmente enviadas a prisión. Es el mal que está devorando a muchas de nuestras ciudades”.

El informe se presenta mientras el gobierno del presidente Emmanuel Macron se prepara para llevar a cabo una reestructuración del sistema de justicia penal del país, del cual la política de drogas es un elemento integral. Macron había respaldado la despenalización del cannabis antes de ser elegido, aunque su posición actual con respecto a una reforma más amplia de la ley de drogas no está clara. En su libro Revolución (2016), especificó que el “régimen de contravenciones [delitos no penales] sería suficiente para sancionar [el consumo de cannabis]”. Su ministro del Interior, Gérard Collomb, afirmó en mayo de 2017 que el cannabis se bajaría a la categoría de una ofensa no penal dentro de unos meses, pero dicha reforma nunca se materializó.

El informe completo se presentará a la Comisión de Leyes para su consideración el 24 de enero, y una de las dos recomendaciones puede ser incorporada al proyecto legislativo más amplio de reforma penal del gobierno, que será revisado por el Parlamento en la primavera de 2018.