Vietnam utiliza dinero de la ONU para ejecutar a presos detenidos por tráfico de droga

Original por Mauro Anastasio

Las leyes sobre drogas en el Sudeste asiático han sido vistas durante un largo tiempo como las más duras en el Mundo. En Vietnam, las historias de consumidores de droga detenidos durante años en centros derehabilitación en los que son sometidos a torturas y trabajos forzados, son bastante conocidas. Últimamente, por desgracia, se conoce un mayor número de casos de gente que ha sido ejecutada después de haber sido capturada en posesión de grandes cantidades de narcóticos bajo la sospecha del tráfico de droga. Sin embargo, la gran mayoría de aquéllos que murieron, aseguran los expertos, son “mulas” que normalmente no tienen una representación legal adecuada y son obligados a trapichear con droga por las mafias.

Aunque ha sido solo recientemente cuando las duras leyes vietnamitas han atraído la atención de los grandes medios de comunicación mundiales. El pasado enero, el anuncio de que 30 personas habían sido sentenciadas a pena de muerte por tráfico de droga desencadenó la reacción de numerosos grupos pro derechos humanos que empezaron a investigar cómo se administran los asuntos relacionados con la droga en el país.

Esta investigación destapó que el gobierno de Vietnam se ha beneficiado de los fondos para luchar contra la drogadicción de la ONU, los cuales han supuesto alrededor de 5 millones de dólares para asistencia técnica y entrenamiento, que han ayudado de facto al encarcelamiento de estas personas.

Los grupos de activistas, en una carta abierta, han pedido a la ONU la congelación de las ayudas para Vietnam. De esta manera, han elevado la preocupación de que las sentencias a muerte de tanta gente estarían unidas de una manera muy controvertida a las ayudas de la ONU. La pena de muerte es la forma más severa de castigo en los sistemas de justicia criminal. La mayoría de los estados miembros de la ONU están a favor de su abolición en todo el mundo y, a pesar de su compromiso en la lucha contra las drogas, es difícil de creer que comprometerían de esta manera su integridad.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOCD, siglas en Inglés) todavía no ha respondido formalmente a esta carta, aunque, en una declaración previa, esta institución remarcó la importancia de que el dinero de las ayudas ha de dedicarse a la lucha contra el crimen, lo que, en este caso, alimenta el subdesarrollo a lo largo del país. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, sin embargo, esta estrategia fracasa porque no mide los riesgos de la propia estrategia. Debido a ello, numerosas ONG han hecho hincapié en que las ayudas deberían invertirse en proyectos para el desarrollo, en lugar de para atacar el trapicheo de drogas.

La peligrosa relación entre política antidroga y Derechos Humanos está en el centro de cualquier análisis crítico de la lucha contra la drogadicción en la actualidad. En el lado Este del mundo, está normalmente reconocido que frenar el consumo de droga significa socavar los Derechos Humanos, hasta un punto en el que se imponen restricciones a la vida de las personas que resultan contraproducentes. Organizaciones internacionales como la UNODC han negado en repetidas ocasiones dichas consecuencias y continúan priorizando los arrestos masivos, de manera que cientos de seres humanos ven sus libertades desvanecerse en una celda.

En Vietnam, donde la vida de muchas personas está en el aire, los abusos sobre los Derechos Humano en el contexto de lucha antidroga son mucho más flagrantes, como lo es también la participación tácita de la comunidad internacional. ¿Cuánto tiempo más ha de pasar hasta que esta masacre patrocinada por la ONU llegue a su fin?