El Gobierno de Canadá se mueve para bloquear Las Instalaciones del Servicio de Inyecciones Supervisadas

El 23 de marzo, la Cámara de los Comunes de Canadá [Canada's House of Commons] aprobó el proyecto de Ley C-2, Ley del Respeto por las Comunidades. Título bonito, pero como la mayoría de la legislación conservadora, el significado del título al igual que la ley, es cruelmente irónico.

La Ley del Respeto por las Comunidades estipula prohibir las instalaciones del servicio de inyecciones supervisadas como Insite, con sede en Vancouver. El proyecto de ley hará que sea mucho más difícil que Insite permanezca abierta, y evita eficazmente que algún otro centro similar sea abierto en cualquier otra ciudad canadiense.

Insite surgió como una respuesta de la comunidad a los altos niveles, casi llegando a considerarse una epidemia, de infección por el VIH y la hepatitis C y las muertes por sobredosis en el este del centro de Vancouver. Una década de investigación muestra que Insite salva vidas, y aquellos de nosotros con los pies bien puestos en la tierra entendemos el papel central que Insite juega en el tapiz de la asistencia sanitaria especializada que necesitan los canadienses más vulnerables.

Este artículo fue publicado por primera vez por Pivot Legal Society. Leer el articulo original aqui.

A pesar de la evidencia, Insite no ha operado sin controversia. Cuando el último gobierno conservador federal se negó a conceder una exención a la Ley de Drogas y Sustancias Controladas (the Controlled Drugs and Substances Act - CDSA) que permitía a Insite mantener sus puertas abiertas, nuestra comunidad tomó la lucha para proteger a Insite durante todo el camino hasta la Corte Suprema de Canadá. Fue sólo a través de la rama judicial que esta organización - donde se salvan vidas - fue capaz de mantenerse abierta.

El caso de La Corte Suprema de Canadá del año 2011: Canadá (Fiscal General) vs. PHS Sociedad de Servicios Comunitarios (2011 SCC 44)  estableció el requisito de que el Ministro de Salud considere si negar una exención a la Ley de Drogas y Sustancias Controladas (CDSA) causaría muertes y pondría en peligro la seguridad de las personas, y que deben tratar de lograr un equilibrio entre el logro de los objetivos de la salud y de la seguridad pública. El tribunal dijo que Insite ha logrado ese equilibrio, y que las personas de la comunidad que usan drogas tienen derecho a acceder a las instalaciones del servicio de inyecciones supervisadas seguras.

El gobierno de Harper y el Ministro de Salud no están de acuerdo con lo que dijo el tribunal. Si lo estuvieran, la Ley C-2 nunca se habría introducido. Este proyecto de ley invierte el razonamiento de la ley y dice, salvo en circunstancias excepcionales, no se concederán exenciones. A continuación, establece una larga lista de requisitos adicionales que los solicitantes de nuevos centros deben cumplir antes de que sus aplicaciones sean incluso consideradas. Insite, como la única instalación existente que opera bajo una exención, cuenta ahora con una oficina adicional de información que debe presentar estadísticas sobre la delincuencia a fin de que su solicitud sea considerada.

Lo que el gobierno de Harper está tratando de hacer es erróneo. También es inconstitucional.

En noviembre pasado, fui al Parlamento para explicar la decisión de la Corte Suprema a un comité parlamentario y para pedirles que rechazaran el proyecto de ley. El gobierno no me hizo caso. Y ellos ignoraron la extensa investigación académica, el testimonio de los expertos legales, los consumidores de drogas, y los profesionales sanitarios que opinan que las instalaciones del servicio de inyecciones supervisadas son la mejor manera de proteger los derechos constitucionales de las personas que usan drogas - para mantenerlos con vida y hacerles bien.

A pesar de la evidencia y de los testimonios, ayer la mayoría de los parlamentarios - todos ellos miembros del Partido Conservador - votó a favor de aprobar el proyecto de ley.

Esto todavía necesita tener tres lecturas y un estudio de comité en el Senado antes de convertirse oficialmente en Ley, pero el tiempo se acaba para que pueda ser aprobada antes de las elecciones federales, que se espera sea en octubre.

Si creemos en una visión a futuro de Canadá, que valora la salud, los derechos humanos y el bienestar de nuestras comunidades, este proyecto de ley no debe ser aprobado. Y si lo hace, recordemos en octubre que la mejor manera de respetar nuestras comunidades es votar por un gobierno diferente.

*Adrienne Smith es Asesor de Pivot’s Health and Drug Policy y se graduó de la Facultad de Derecho de la UBC, especializada en Derecho de Justicia Social. Adrienne fue llamada a la barra en la Columbia Británica en el año 2014 y está trabajando para reducir el daño que causa la ley a las comunidades marginadas.