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Lineamientos para la nueva política de drogas de Colombia bajo Petro

En un esfuerzo por orientar la futura política de drogas de Colombia, varios investigadores del Centro de Estudios y Seguridad y Drogas (CESADO) en la Universidad de los Andes se han unido para identificar los objetivos clave que el gobierno nacional debe perseguir en el futuro.

 

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Un estimado El 68.8% de la cocaína del mundo se produce en este país. En 2018, se estimó que El mercado de cocaína de Colombia representó el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB); el doble del producto del mercado del café.

Con la ilegalidad de la economía de la cocaína, sus actividades han sido vinculadas a la violencia urbana generada por los cárteles de la droga durante la década de 1980, al microtráfico en las últimas décadas y al conflicto armado como fuente de ingresos de estos grupos. Múltiples estudios han demostrado que existe una espacial correlación entre la presencia de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento de cocaína y la presencia de grupos armados. Aunque los cultivos de coca no explican completamente la violencia en los municipios, tanto su presencia como estrategias de control del lado de la oferta está asociado con disputas territoriales  debido a los ingresos derivados de esta economía ilícita.

A pesar de los esfuerzos económicos e institucionales, como la política anual de drogas gasto de 1 billón de pesos colombianos, los resultados del tradicional enfoque prohibicionista son limitados. Si bien no es la medida correcta para evaluar la evolución de la producción de cocaína, se detectó la misma cantidad de hectáreas de cultivos de coca en 2020 eran los mismos que en 2000. Ha habido pocos avances en el control de este mercado.

La producción potencial de cocaína ha aumentado desde 2013, de unas 300 toneladas métricas estimadas a aproximadamente 1,200 toneladas métricas en 2020, a pesar de una intensificación de las operaciones policiales. Las empresas criminales se han vuelto más productivas en la fabricación de cocaína: incluso cuando el cultivo de coca disminuyó un 7% en 2020, el potencial de producción de cocaína aumentado en un 8%.

Los programas de desarrollo alternativo basados ​​en la sustitución voluntaria se han implementado desde 1996. El Acuerdo de Paz incluyó el diseño del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS en español): 99,000 hogares se inscribieron en el PNIS, que incentivó a las personas a erradicar los cultivos de coca a cambio de seguridad alimentaria inmediata, asistencia técnica, huertas caseras y transición a proyectos productivos. El programa estipulaba que los proyectos productivos serían entregados nueve meses después de la verificación de las erradicaciones. Cinco años después del inicio del programa, el 9% de los hogares inscritos han recibido este beneficio.

En cuanto al consumo de drogas en Colombia, el último dato nacional disponible se calculó por última vez en 2013. Entre 2008 y 2013, la prevalencia de vida del consumo de cualquier sustancia aumentó de 8.8% a 12.2%. Informó que el 87% de los usuarios del año pasado consumieron cannabis. Las sustancias con mayor frecuencia de consumo, después de la marihuana, son la cocaína, bazuco [“cocaína crack”] y éxtasis. Específicamente, en Bogotá, hay información disponible para 2013, 2015 y 2017. Se observó que la prevalencia de consumo de marihuana y cocaína a lo largo de la vida aumentó entre 2013 y 2017: el consumo de marihuana aumentó del 31.3 % en 2013 al 51.8 % en 2017; para la cocaína, el aumento fue del 7.4% al 16.7%.

Como nación productora, Colombia ha enfrentado la peor parte de los costos de un mercado ilegal durante décadas, especialmente en los grupos de población más vulnerables, como campesinos, mujeres, minorías étnicas y líderes comunitarios. Mientras tanto, el consumo mundial de cocaína sigue aumentando, estimado actualmente a 20 millones de consumidores. Estos indicadores reflejan el fracaso del enfoque prohibicionista, tanto a nivel mundial como dentro de Colombia, que no ha llevado a una reducción ni del consumo ni de la producción.

Con base en nuestra investigación y el estado actual de la política de drogas, presentamos diez ideas basadas en la evidencia existente, que creemos deberían ser incluidas en la política de drogas del gobierno colombiano.

 

  1. Una discusión global sobre la regulación de la cocaína

El gobierno colombiano debe liderar la discusión mundial sobre la necesidad de la regulación de la cocaína. En 2016, el gobierno colombiano puso esta discusión en la agenda global y los esfuerzos deben continuar en esa dirección. Las experiencias de Portugal son lecciones aprendidas que ayudan a abordar el consumo de sustancias. En 2001, ellos consumo despenalizado desde un enfoque de salud pública mediante la creación de centros de atención médica y el apoyo a los consumidores para hacer frente a la crisis de consumo que enfrentaron a fines del siglo pasado, resultando en una disminución a corto plazo en el uso problemático de drogas.

  1. Un control de suministro efectivo

El foco de una política de drogas no puede estar en los eslabones más débiles de la cadena productiva de la cocaína. La reducción de hectáreas cultivadas no debe ser el foco de la política de drogas, y no se deben retomar las fumigaciones aéreas dado su inoperancia y potencial salud e riesgos ambientales. En el contexto actual de prohibición de la producción y tráfico de sustancias psicoactivas, las acciones deben enfocarse principalmente en el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Por lo tanto, es necesario fortalecer los sistemas de información y seguimiento financiero para aumentar las incautaciones de los recursos del narcotráfico. Asimismo, es necesario atacar los eslabones de la cadena productiva de la cocaína que generan mayor valor agregado al producto final, como tráfico, mediante incautaciones y destrucción de laboratorios.

  1. Intervenciones integrales y planificadas

A pesar de ser más efectivos y menos costosos, los programas de desarrollo alternativo no deben limitarse a la sustitución de cultivos de coca por otros cultivos. El éxito de estas intervenciones está determinado por su sostenibilidad en el tiempo, lo que requiere una visión de largo plazo para resolver problemas estructurales. Por lo tanto, el diseño de estos programas debe ser integral: incluir la titulación de tierras y una mejor provisión de servicios públicos, como la construcción de caminos terciarios y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria.

Además, los programas de desarrollo alternativo deben tener mecanismos claros de participación comunitaria que debe mantenerse mientras se implementa la intervención. Estos programas deben diseñarse de acuerdo a términos ambientales y étnicos, teniendo en cuenta las características de los territorios. Las barreras establecidas por el actual programa de sustitución y los conflictos entre comunidades que ha generado pueden evitarse en futuras intervenciones aplicando un diseño riguroso que aborde las disputas territoriales preexistentes.

  1. La política de drogas debe proteger a las comunidades

Producción de cocaína y su tráfico está asociado con mayores niveles de violencia. Además, las intervenciones para controlar su producción han incrementado aún más la violencia. Ha sido mostrado que la fumigación intensificó los ataques de los grupos insurgentes y que el actual programa de sustitución aumentado los asesinatos de líderes sociales. Como se mencionó anteriormente, una política de drogas con un enfoque integral debe estar orientada a la provisión de bienes públicos, incluida la seguridad de las comunidades. Desarrollar políticas de drogas junto con los mecanismos de seguridad de las Fuerzas Armadas son fundamental para garantizar la seguridad de la comunidad, particularmente cuando se implementan programas de desarrollo alternativo.

  1. Regulación del Uso Adulto y Recreativo del Cannabis

En la región latinoamericana, solo Uruguay y México han regulado el mercado de cannabis para uso recreativo. Argentina, Chile, Colombia y Paraguay han reglamentado su uso médico. En Colombia se ha despenalizado la tenencia de la dosis mínima, pero no su comercialización. El argumento más importante aquí es que la regulación del cannabis impide el consumo temprano y controla el acceso al mismo. Además, criminalizar el consumo de esta sustancia desvía recursos policiales de otras actividades delictivas, como homicidios y robos. Por ejemplo, el Observatorio Colombiano de Drogas showed que una de cada tres detenciones por posesión de sustancias corresponde a cantidades inferiores a 25 gramos. Por lo tanto, los esfuerzos de la Policía y el Poder Judicial se sobrecargan con actividades que no impactan en la criminalidad. Hay evidencia sólida de una reducción en las tasas de criminalidad cuando se despenalice la posesión de cannabis. En cuanto a la producción, es necesario diseñar modelos de beneficio compartido y proteger a los cultivadores de cannabis para que reciban los beneficios económicos derivados de la regulación del uso recreativo y medicinal.

  1. prisiones superpobladas

La mayoría de las personas detenidas por delitos asociados a drogas ilícitas son por delitos menores y pequeñas cantidades de sustancias. El costo de la captura de personas para tenencia, tráfico y fabricación de drogas ilícitas se ha estimado en alrededor de 11 billones pesos más de 15 años , donde una de cada tres personas fue detenida por posesión de menos de 25 gramos de sustancias ilícitas.

Además de esto, la población penitenciaria femenina ha aumentó considerablemente en los últimos años, especialmente por delitos relacionados con drogas ilícitas. Desde 1991, la cárcel de mujeres la población se ha multiplicado por 5.5, de los cuales una de cada dos mujeres privadas de libertad se encuentra detenida por delitos relacionados con drogas ilícitas. El 52% de la población reclusa femenina son madres cabeza de familia, lo que agrava los problemas sociales debido a su arresto. Es necesario implementar medidas distintas al encarcelamiento, en línea con las disposiciones penales vigentes, para delitos menores relacionados con drogas ilícitas, respetando los derechos humanos y la proporcionalidad.

  1. Salud Pública para el Consumo Problemático de Drogas

El uso problemático de sustancias psicoactivas debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública, con énfasis en la prevención del consumo en menores de edad, en lugar de la criminalización de los usuarios. En Colombia es necesario implementar programas ambulatorios desde un enfoque de reducción de daños, así como programas de prevención en la escuela. Los cálculos del CESED basados ​​en estudios previos muestran que el gasto promedio anual en programas de reducción de la demanda equivale al 0.02% del PBI, mientras que el 0.09% del PBI se gasta anualmente en arrestos por tenencia, tráfico y fabricación. Es necesario redirigir los recursos para fortalecer la inversión en salud pública, incluidos los programas para la reducción de daños y la prevención del consumo de drogas en menores de edad.

  1. Investigación científica sobre la hoja de coca

En Colombia, la hoja de coca ha sido utilizada tradicionalmente por las comunidades indígenas. Nosotros debe reconocer los usos tradicionales de estas comunidades indígenas y promover estos conocimientos. Además, es necesario crear modelos de distribución de beneficios, como se hace con el cannabis, que incluyan a las comunidades étnicas y campesinas que se beneficien y participen de toda la cadena productiva de los productos lícitos derivados de la hoja de coca. Para ello, es clave implementar acciones que fortalezcan las capacidades locales, no solo en el cultivo, sino también en el empoderamiento de los emprendimientos sociales y la promoción de la investigación intercultural.

La hoja de coca tiene componentes inexplorados que no han sido investigados debido a las trabas impuestas por la normativa internacional y nacional. Estos componentes pueden tener beneficios nutricionales y medicinales que permanecieron poco explorados. El para la obtención de licencias para avanzar en la investigación de los componentes de la hoja de coca y promover alianzas entre las comunidades productoras, la academia y las asociaciones de la industria para aumentar el conocimiento sobre sus beneficios potenciales.

  1. Microtráfico

La regulación de la producción y el uso de sustancias no es suficiente para acabar con el crimen y la violencia. La lucha contra el fenómeno del microtráfico requiere medidas eficaces. Uno de los efectos más nocivos del microtráfico es el control territorial de las bandas criminales sobre calles, parques o barrios enteros, lo que lleva al deterioro de los entornos urbanos.

Una estrategia integral para combatir este problema debe incluir programas comunitarios de prevención, una relación más estrecha entre las autoridades y las comunidades, y un esfuerzo de control territorial por parte de las autoridades competentes.

  1. Evaluación coherente de políticas de drogas

Todas las políticas públicas deben ser evaluadas y la política de drogas no es la excepción. Por ejemplo, no se tiene conocimiento sobre el impacto de los programas de sustitución de cultivos en curso, ni sobre los cultivos de coca ni sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares beneficiarios. Sin embargo, los recursos comprometidos para financiar los subsidios de aquellos hogares que se adhirieron al programa desde su inicio equivalen al 0.4% del PBI de Colombia. Evaluar la efectividad del gasto en diferentes programas e intervenciones es fundamental para maximizar los beneficios sociales.

Las intervenciones experimentales podrían contribuir significativamente al diseño de políticas de drogas. Por lo tanto, como en otros programas, es necesario realizar pilotos antes de expandir las intervenciones para comprender los resultados potenciales y la efectividad de sus diseños. Es posible realizar pilotos, como se ha hecho a través de las Transferencias Condicionadas de Efectivo, con el fin de conocer los resultados y ajustar aquellos elementos de política que puedan ser corregidos.


Somos conscientes de las limitaciones y barreras a las que se enfrenta la regulación mundial de la cocaína en el corto plazo. Sin embargo, dentro del contexto internacional actual, existe una ventana de oportunidad cada vez mayor a medida que se desarrolla el debate sobre los enfoques no prohibicionistas de las drogas. En Portugal se ha despenalizado el consumo de todas las sustancias; en algunos estados de EE. UU. se ha avanzado en la regulación del uso y la producción de cannabis, incluso en Oregón se ha llegado a despenalizar el consumo de múltiples drogas. En Uruguay, un modelo de cannabis recreativo liderado por el Estado ha seguido adelante. Dentro de este contexto internacional, uno de los objetivos de la política exterior del gobierno colombiano debe ser liderar las discusiones globales sobre la regulación de la cocaína, priorizando los intereses de las poblaciones más vulnerables afectadas por la prohibición y la Guerra contra las Drogas.

Durante este proceso, es necesario implementar una política de transición dentro de los lineamientos aquí discutidos. En primer lugar, debemos implementar un enfoque de salud pública para atender a las personas que tienen una relación problemática con las sustancias psicoactivas a través de la reducción de daños. En segundo lugar, debemos priorizar las condiciones socioeconómicas de los hogares con intervenciones de sustitución de cultivos ilícitos. Finalmente, debemos garantizar la seguridad territorial, no a través de la militarización de los territorios, sino a través de la implementación de mecanismos comunitarios de protección, enfocados principalmente en la protección de los líderes sociales. Estos deberían ser los principios rectores de los próximos pasos del gobierno.

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