Hacia una Reforma Abolicionista de la Política de Drogas

El control de drogas está impulsando la criminalización y el encarcelamiento masivo en el Reino Unido y más allá. Desde marzo de 2019, hay 82.847 personas encarceladas en Inglaterra y Gales, de las cuales 11.015 fueron condenadas por delitos de drogas. Otras 1.738 personas están en prisión preventiva por delitos de drogas.

Investigaciones recientes de StopWatch y Release destacan que la aplicación desigual y desproporcionada de las leyes de drogas es “una fuente de profunda injusticia racial” en Inglaterra y Gales: Las personas  negras fueron detenidas y registradas por drogas más de nueve veces la tasa correspondiente a las personas blancas en 2016 / 17, procesadas por delitos de drogas más de ocho veces la tasa correspondiente a las personas blancas en 2017, y constituyeron una cuarta parte de los condenados por posesión de cannabis, a pesar de representar menos del cuatro por ciento de la población.

La guerra contra las drogas se mantiene así mediante el castigo, el encarcelamiento, el patrullaje policial y la vigilancia. Este fenómeno, junto con los intereses superpuestos del gobierno y la industria, han sido denominados por muchos investigadores y activistas como el Complejo Prisión -Industrial, o PIC, por sus siglas en inglés. El PIC es descripto por Empty Cages Collective como la “red de relaciones que se refuerzan mutuamente, entre [...] las prisiones, el servicio de libertad condicional, la policía, las cortes judiciales, todas las empresas que se benefician del transporte, la alimentación y la explotación de prisioneros”.

“A través de su alcance e impacto”, escribe la organización con sede en Estados Unidos Critical Resistance, “el PIC ayuda y mantiene la autoridad de las personas que obtienen su poder a través de privilegios raciales, económicos y otros. “Son muchas las maneras en que - a través del PIC - se obtiene y se mantiene este poder, incluyendo la creación de imágenes de los medios de comunicación masiva, las cuales mantienen vivos los estereotipos de las personas de color, personas pobres, homosexuales, inmigrantes, jóvenes y otras comunidades oprimidas, tales como los delincuentes, infractores o anormales”.

La política de drogas, la aplicación de la ley y la injusticia racial y social son imposibles de entender como temas independientes. Un trabajo de análisis integrado de las políticas de drogas punitivas y de sus daños debe redundar en soluciones integradas, tomando en consideración la lucha más abarcativa contra la continuación del PIC. Esta concepción, que busca erradicar el encarcelamiento y la vigilancia policial, creando alternativas para el castigo y el encarcelamiento que sean perdurables, se entiende como abolición o abolición del PIC.

Ru Kaur y Ali Tamlit escriben: “Construir con vistas a algo nuevo debe forjarse sobre los principios de una justicia transformadora, donde constatemos el daño, pero desafiemos la forma ‘sensata’ en que el castigo se presenta como la única opción para hacer justicia. A través de esta justicia transformadora, se prioriza una gestión responsable y significativa. Un estribillo común entre quienes ponen en duda la justicia transformadora es preguntar dónde ubicaremos a los responsables de la violencia extrema, o de asesinato, si no es en prisión. Estas son preguntas que plantean un desafío que debemos enfrentar, pero sabemos que el sistema actual ya falla a los sobrevivientes de la violencia. Una política abolicionista demanda un cambio total de nuestro presente, hecho de modo tal que proteja las necesidades de los más vulnerables. “Esto nos ayudará a acercarnos a algo que verdaderamente represente justicia, en lugar del sistema actual, que mata y daña a los más vulnerables”.

La abolición es, entonces, un objetivo a largo plazo y una práctica cotidiana, una visión organizativa y un compromiso individual con el cambio. Las organizaciones del tercer sector a menudo sufren por ideas a corto plazo que resultan en un almacenamiento de los problemas, estructurados por oportunidades de financiamiento (competitivas), restricciones presupuestarias y recomendaciones de un mínimo común denominador que buscan obtener el apoyo de la mayoría de las partes interesadas, en lugar de las partes interesadas correctas.

Construir alianzas con organizaciones que comparten objetivos a largo plazo en pro de la abolición de la prisión y de soluciones alternativas para el abordaje del daño, como el Bent Bars, Empty Cages Collective, Community Action on Prison Expansion (CAPE), por nombrar algunas en el Reino Unido, son pasos importantes orientados hacia la construcción de una visión a favor de una reforma abolicionista de la política de drogas. Las recomendaciones sobre políticas y los objetivos organizativos deben centrarse en aquellos que están más notoriamente afectados por la prohibición de las drogas como resultado del PIC, y nunca deberían reforzar el PIC en sí mismo.

Hay muchos reformadores de la política de drogas que ya están haciendo este trabajo. Los principios de reducción de daños, por ejemplo, comparten algunas de las filosofías básicas de la abolición, en la medida en que abogan para que prime el cuidado sobre el castigo. La reforma abolicionista de la política de drogas requiere una reflexión coherente y una estrategia creativa.

Las siguientes preguntas de Critical Resistance LA citadas en el libro de 2015 Captive Genders: Trans Embodiment and the Prison Industrial Complex, son útiles: ¿Su trabajo busca hacer que el PIC sea una solución menos viable para los problemas? ¿Su trabajo se hace cargo de aspectos del PIC que son muy dañinos? ¿Trabaja para combatir formas de daño como la supremacía blanca, el heterosexismo y el prejuicio de clase, tanto en sus campañas como dentro de su grupo? ¿Su labor inmediata hace que los futuros desafíos al PIC sean posibles?