La Escalada de la Guerra Antidroga en Sri Lanka es Peligrosa y Fútil

Sri Lanka planea involucrar a las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley de drogas

Sri Lanka planea involucrar a las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley de drogas (Fuente: Flickr / Dennis Candy)

Los planes de Sri Lanka de militarizar la política de drogas y ejecutar a las personas por delitos relacionados con estupefacientes son parte de un intento erróneo de poner freno al tráfico, lo cual puede aumentar - para la población en general - los daños derivados de la prohibición de drogas.

Esta semana, Sri Lanka anunció que comenzará a colgar personas por ciertos delitos de drogas. Paralelamente, el presidente redactó una Ley de Disposiciones Especiales para otorgar facultades policiales a los militares, de modo que los soldados puedan cooperar en la aplicación de la ley nacional de drogas. Esta repentina escalada de la guerra antidroga es una reacción al aumento sin precedentes en el número de incautaciones de heroína y cocaína en el país desde 2016, lo cual desencadenó el temor de que Sri Lanka se hubiese convertido en un importante centro de tránsito en las rutas del tráfico mundial.

En vez de formular a conciencia políticas serias para contrarrestar la corrupción y controlar el comercio, las autoridades entran en pánico y responden con un enfoque draconiano, reaccionario e injustificable. No hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio con respecto al tráfico de drogas, pero hay un precedente considerable de que la militarización de la guerra antidroga causa un daño inmenso a la población civil en general.

Emulando a las Filipinas

El portavoz presidencial dijo que la ejecución de personas por delitos de drogas que prevé Sri Lanka “reproduciría el éxito” de la guerra contra las drogas en Filipinas.

Se estima que unas 12.000 personas han sido asesinadas, la mayoría de ellas muertas a tiros en las calles, desde que el presidente Rodrigo Duterte llegó al poder en julio de 2016. Algunas de estas personas fueron asesinadas porque presuntamente vendieron drogas, algunas otras fueron asesinadas porque supuestamente usaban drogas, y muchas fueron asesinadas por razones completamente desvinculadas, pero póstumamente se denunció que habían tenido alguna relación con las drogas. Los muertos incluyen niños de hasta seis años. A ninguna de estas personas se les concedió un juicio antes de su ejecución.

Se estima que unas 12.000 personas han muerto en la guerra antidroga del Presidente Duterte en Filipinas

Como dijo un defensor de los derechos humanos de Filipinas un año después de que comenzara la brutal guerra antidroga en su país, [esta guerra] “ha hecho que la vida humana no valga nada y [...] ha puesto en peligro a todo el mundo en Filipinas. Duterte ha revertido los logros de libertad y democracia ganados por el pueblo filipino en los últimos 30 años”.

Mientras Sri Lanka continúa desarrollándose como una democracia libre y saludable, los planes del gobierno podrían representar un gran revés para el progreso y el estado de derecho. ¿Es la guerra contra las drogas en Filipinas efectivamente una política que Sri Lanka desee imitar?

La violencia engendra violencia; el peligro de la militarización de la guerra antidroga                   

Convocar a los militares para reprimir el tráfico de drogas, como lo ha hecho el presidente de Sri Lanka, es una medida peligrosa que pone en situación de alto riesgo a personas inocentes. El ejemplo más claro del fracaso de este enfoque es Méjico, que introdujo una guerra militarizada contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Casi de inmediato, la tasa de homicidios del país se disparó; se estima que 200.000 personas han sido asesinadas desde entonces.

Tasa de asesinatos (por cada 100.000 personas) en Méjico

Estos asesinatos, junto con otros execrables abusos contra los derechos humanos, incluidos el secuestro, la tortura y el tráfico de personas, son el resultado de la intensificación de la guerra antidroga, [situación que] es generada por la militarización. Los soldados pelean en las guerras; al hacer participar a los soldados en la aplicación de la ley de drogas, el gobierno de Sri Lanka está desencadenando una guerra interna que indudablemente conducirá a un aumento de la violencia. Como en Méjico, personas inocentes quedarán en el medio de un fuego cruzado, habrá una caída de la confianza en las instituciones gubernamentales y el estado, en su conjunto, se debilitará. Y, por supuesto, el narcotráfico continúa en Méjico más fuerte que nunca; las autoridades de Sri Lanka deberían aprender de estos errores.

El nuevo presidente de Méjico, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido reducir la guerra contra las drogas y poner fin al enfoque militarista.

El narcotráfico y la pena de muerte

No hay evidencia de que la pena de muerte disuada a las personas de [involucrarse con] el tráfico de drogas. En cambio, hay muchos países en los que el tráfico de drogas se incrementó, a pesar de que el estado ejecutaba personas por tales delitos.

En Irán, que durante décadas ha sido uno de los verdugos más prolíficos del mundo por delitos relacionados con las drogas, un alto funcionario judicial ha señalado que “la verdad es que la ejecución de narcotraficantes no ha tenido ningún efecto disuasivo”. En 2017, Irán aprobó una reforma legislativa que vio disminuir en un 99 por ciento el número de ejecuciones relacionadas con las drogas, y no ha habido un aumento en el tráfico.

Asimismo, es importante señalar que imponer la pena de muerte por delitos de drogas es ilegal según el derecho internacional. La introducción de este castigo pondría a Sri Lanka en [una situación de] conflicto con el artículo 6.2 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “En países que no han abolido la pena capital, la sentencia de muerte sólo puede imponerse para los delitos más graves”. Esta terminología ha sido interpretada legalmente para significar sólo crímenes que impliquen asesinatos intencionales.

Los pobres sufren más

En Filipinas, los pobres que viven en los barrios bajos son las principales víctimas de la brutal guerra antidroga del gobierno. En Méjico, algunas de las personas más pobres del país quedan atrapadas en medio de la violencia [existente] entre los cárteles y el Estado, siendo algunas de ellas reclutadas a la fuerza para luchar o para transportar drogas. En Irán, “la mayoría de los ejecutados por delitos de drogas no son los verdaderos narcos, sino gente pobre y marginada que es usada como entregadora a cambio de una pequeña cantidad de dinero”, dice un defensor de los derechos humanos.

Del mismo modo, si Sri Lanka sigue adelante con sus planes de ejecutar personas por delitos de drogas y de desplegar tropas para llevar a cabo una guerra militarizada contra las drogas, es probable que los miembros más pobres de esa sociedad deban enfrentar las consecuencias más brutales. Los planes de Sri Lanka para intensificar la guerra antidroga cobrarán innumerables vidas y costarán enormes sumas de dinero, menoscabarán los derechos humanos y harán poco para contrarrestar el tráfico.