La Política de la Calumnia: Drogas, Difamación y Muerte

Al menos 19 oficiales del gobierno local en las Filipinas han sido asesinados durante la guerra contra las drogas de Duterte

Al menos 19 oficiales del gobierno local en las Filipinas han sido asesinados durante la guerra contra las drogas de Duterte (Fuente: Wikimedia)

 

Al inicio de este mes, tuvo lugar un extraño intercambio en Nigeria durante el cual los dos principales partidos políticos se acusaron mutuamente de estar asociados con "narcotraficantes".

Antes de las próximas elecciones generales en febrero, Yekini Nabena del Congreso de Todos los Progresistas afirmó que el Partido Demócrata de los Pueblos (PDP) había acudido a los traficantes de drogas de Sudáfrica para obtener ayuda financiera. Para contrarrestar esta afirmación, Kola Ologbondiyan del PDP negó las acusaciones, instando al partido en el poder a “mirar hacia adentro y ver la variedad de barones de la droga, adictos, falsificadores de certificados, lavado de dinero y saqueadores del tesoro” en sus propias filas.

Dejando de lado la rareza de este intercambio particular, la política no es ajena a tales alegatos. De hecho, son casi comunes en algunas partes del mundo. Sin embargo, las consecuencias de tal acusación varían; puede desaparecer en el abismo del ciclo de noticias de 24 horas, podría empañar la reputación de un individuo o grupo o – en algunos casos– puede matar.

Innumerables figuras políticas han sido víctimas de acusaciones por delitos de drogas en los últimos años, y está más allá del alcance de este artículo evaluar la validez de todas las acusaciones; aquí, es simplemente el hecho de ser acusado lo que es de interés.

Una lista considerablemente incomprensible de los recientemente acusados podría leerse como la siguiente: el ex alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, el principal político opositor de Malasia, Datuk Rizalman Mokhtar, el parlamentario israelí Oren Hazan, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el ex ministro del interior albanés Saimir Tahiri.

La verdad detrás de muchas de estas acusaciones permanece sin verificar, no obstante, algunas alteraron fortunas políticas. Sin embargo, la consecuencia más dramática de estas acusaciones fue la renuncia o difamación de una figura o grupo político – un resultado relativamente moderado a medida que las guerras draconianas de drogas alimentadas por ejecuciones extrajudiciales comienzan a surgir en ciertos países.

Sheikh Hasina, Primer Ministro de Bangladesh, ha supervisado una guerra contra las drogas que ha matado numerosas figuras políticas de la oposición (Fuente: Wikimedia)

La gente muerta no gana elecciones. Del Archiduque Francisco Fernando a John F. Kennedy, los asesinatos políticos han dado forma al mundo como lo conocemos. Sin embargo, pocas sociedades contemporáneas consideran el asesinato como una herramienta legítima para tomar el poder. Por lo tanto, aquellos que deseen usar tales métodos para obtener o mantener sus posiciones políticas deben encontrar una manera de cubrir sus acciones para legitimar el acto; aquí entran las drogas. En el mundo actual, hay dos ejemplos sobresalientes de regímenes que usan acusaciones de drogas para legitimar asesinatos: los gobiernos de Filipinas y Bangladesh

El presidente Duterte se apoderó del poder en Filipinas en una plataforma populista en 2016. Se ha escrito mucho acerca de su brutal guerra de drogas contra los civiles, pero lo que ha recibido menos atención son los asesinatos de oficiales electos. Al menos 19 funcionarios del gobierno local han sido asesinados desde que Duterte asumió el cargo, siendo el último el ex alcalde de Parang, Talib Abo, quien fue asesinado a tiros por la policía a principios de enero. El New York Times informa que Abo “tuvo una larga historia de conflicto con el Sr. Duterte”.

Si estos asesinatos son motivados políticamente e instigados por las autoridades gubernamentales, el uso de drogas como justificación tiene un triple propósito. En primer lugar, exime al estado de cualquier culpabilidad por las muertes, culpando directamente a las propias víctimas. En segundo lugar, legitima el reclamo de poder de Duterte al afirmar que su programa antidrogas está siendo promulgado. Finalmente, apunta a silenciar a la oposición e intimidar a cualquiera que se sienta inclinado a hablar en contra del gobierno. La supuesta amenaza de las drogas proporciona al régimen de Duterte la excusa perfecta para eliminar de forma permanente los obstáculos – incluidos los seres humanos – de su camino.

Mientras tanto, en Bangladesh, el primer ministro Sheikh Hasina ha estado escalando rápidamente la guerra contra las drogas del país durante el año pasado. En 2018, más de 120 personas murieron en "tiroteos" con la policía en solo un período de dos semanas; todos fueron acusados de ser "narcotraficantes". Sin embargo, pronto surgieron informes de que aquellos que fueron asesinados representaban el corazón del partido político de oposición que estaba ganando terreno antes de las elecciones generales de ese año. La muerte del activista de 42 años, Habibur Rahman en mayo de 2018 demostró a muchos que estos asesinatos fueron asesinatos selectivos.

“[Él] fue capturado después de salir de la mezquita. Lo mataron bajo custodia”, un miembro anónimo de la familia de Rahman dijo al Telegraph," no era ni un vendedor de drogas ni un [usuario] de drogas. Fue porque estuvo involucrado en la política contra el gobierno y protestó por los asuntos relacionados con la tierra ".

Una vez más, las acusaciones relacionadas con drogas parecen estar siendo utilizadas para legitimar asesinatos con el fin de intimidar a la oposición.

En todo el mundo, vemos las consecuencias políticas dañinas y mortales de las denuncias relacionadas con las drogas, todas las cuales sacan su fuerza de un imperativo moral: las drogas son malas. Esta creencia ha saturado la cultura global, a medida que la retórica de la guerra contra las drogas se filtra de la boca de los políticos y los medios de comunicación estatales, encontrando un terreno fértil en la ignorancia. Parece injusto que una mera acusación pueda terminar una carrera, pero es inhumano que pueda terminar una vida. Las acusaciones de empresas criminales tienen su lugar en la sociedad, y eso está dentro de un tribunal de justicia. Sin embargo, cuando la única ley es la ley de presuntas irregularidades, ¿estamos realmente seguros?