La Sobre-Regulación impide el florecimiento de la Industria Jamaicana del cannabis

(Fuente: Pixabay/Pixabay)

La Sobre-regulación de la industria jamaicana del cannabis  impide a los agricultores entrar en el mercado legal, e impide el desarrollo – indicando por qué la política sobre drogas debe ser hecha a la medida de las necesidades socioeconómicas de un país.

El amplio número de leyes y los costosos prerrequisitos para entrar en el mercado jamaicano de cannabis legal desalientan a los agricultores a adquirir licencias de cultivo. Además de estas regulaciones, “hay poca información, conocimiento o compromiso con el nuevo programa por los agricultores”, de acuerdo con el autor Simon jones, quien publicó dos artículos sobre la industria jamaicana del cannabis para la Revista Internacional de Política sobre Drogas.

En 2015, la Cámara de Representantes Jamaicana aprobó enmiendas para la Ley de Fármacos Peligrosos que aprobó la creación de una industria legal y regulada para el cannabis, coloquialmente referida como marihuana.

La Ley de Enmienda de Fármacos Peligrosos de 2015 (DDAA) descriminalizó la posesión personal de dos onzas de cannabis – lo que significa que ya no sigue siendo un delito por el cual un adulto puede ser procesado, aunque a uno se le puede imponer una multa, “similar a una multa de tráfico”, de J$500 ($4USD).

Entre otras de sus estipulaciones, la DDAA autoriza a una familia a “cultivar legalmente…cinco plantas de marihuana”, y para el “consumo de marihuana…[a] ser legalmente permitido en lugares que son autorizados por propósitos médicos o terapéuticos”.  

“A los defensores de la fe rastafari también les será permitido fumar marihuana por propósitos sacramentales en sitios registrados como lugares de culto rastafari,” menciona la legislación.

De manera importante, la DDAA también autoriza “a cualquier persona u organización … [a cultivar y vender] marihuana por propósitos médicos, terapéuticos o científicos”, si se aprobase para ello por la recientemente creada Autoridad Otorgante de Cannabis (CLA).

Esto ha permitido para la cuasi-comercialización del cannabis a lo largo de Jamaica, mientras que sea producido y vendido con la intensión de ser “por propósitos terapéuticos” – un término que la legislación no define.

A pesar del cambio en la ley, el convencer a los agricultores a realmente registrarse con la CLA está resultando complicado para el estado por varias razones.

Licencias de cultivo, las cuales están disponibles en la página web de la CLA,  son caras para comprar; la licencia de cultivador más barata cuesta $2,000 (USD) al año. Este es particularmente un precio prohibitivo en un país donde el promedio anual de ingreso es menor de $9,000, y probablemente incluso menos para la mayoría de los trabajadores agricultores.

Además, la variedad de estrictas regulaciones – incluyendo la instalación obligatoria de vigilancia CCTV y áreas de almacenamiento seguro, y el etiquetado individual de cada planta  - supone una mayor inversión de tiempo y dinero que muchos agricultores simplemente no lo tienen.

Mientras se desanima a los agricultores a solicitar las licencias CLA, estos costes y regulaciones también suben los precios a los consumidores, los cuales así tienen menos intereses en comprar legalmente.

Mientras la implementación de una industria del cannabis similar altamente regulada tuvo éxito en el estado Americano de Colorado, donde casi $200 millones fueron recolectados a través de los impuestos indirectos sobre la venta del cannabis en 2016, esta estrategia no tiene en cuenta el matiz de la situación socioeconómica de Jamaica.

Jamaica sigue estando afectada por un nivel alto de pobreza en áreas rurales – donde vive más de un 40 por ciento de la población – y por una falta de infraestructura industrial. La abrumadora naturaleza de las regulaciones CLA resulta poco práctica para los agricultores para cambiar de un cultivo ilegal a uno legal.

Esta negligencia localizada se demuestra nociva para el establecimiento de una industria que podría contribuir eficazmente a la economía nacional y proveer un empleo legítimo para la gente de Jamaica.

En un artículo de opinión de 2016, el entonces presidente de la CLA, Dr. André Gordon subrayó la necesidad de que la principiante industria del cannabis proveyese un beneficio económico a los agricultores pobres del ámbito rural.

Gordon afirmó que las comunidades rurales serían el área primordial de producción y venta de cannabis, atrayendo a los turistas a visitar las zonas que necesitan una mayor inversión.

Él insistió que los agricultores que pasaron de un cultivo ilícito a uno legal ganarían “por lo menos de cinco a 10 veces más”. También añadió que “comunidades enteras desarrollan/desarrollarán experiencias turísticas de base comunitaria”.

Desafortunadamente para muchos agricultores pobres de las zonas rurales de Jamaica, la realidad no está a la altura de las palabras del Dr. Gordon.

La industria del cannabis de Jamaica permanece en sus comienzos y parece poco probable que prospere hasta que el gobierno reconsidere los costes y las regulaciones para la entrada en el mercado legal y las modifique para cubrir las necesidades públicas.