Las Políticas de Drogas Punitivas Fomentan los Abusos a los Derechos Humanos

En diciembre del año 2016, el niño Francis Mañosca de cinco años fue asesinado a tiros por hombres armados enmascarados en Manila. Su muerte es el resultado de "la guerra contra las drogas" de Filipinas; una guerra que fue impulsada por el presidente Rodrigo Duterte en junio del año 2016 cuando llegó al poder y pidió a los ciudadanos y a la policía que mataran a las personas que consumen drogas y a los que participan en el narcotráfico. Desde entonces, se estima que casi 9,000 filipinos han sido masacrados. Estas prácticas no ocurren únicamente en Filipinas.

En el año 2003, Tailandia lanzó su propia guerra contra las drogas que causó la muerte de casi 2,800 personas. Entre los años 2010 y 2013, la policía brasileña mató a más de 1,200 personas en las favelas de Río de Janeiro. En una favela, Amnistía Internacional estima que el 90 por ciento de las muertes deben ser clasificadas como ejecuciones extrajudiciales.

Este articulo fue publicado originalmente por Bright Blue. El artículo original puede ser visto aquí.

Hay 33 países que mantienen la pena de muerte por delitos de drogas y que llevan a la ejecución de varios cientos de personas cada año. Esto constituye una flagrante violación del derecho internacional, ya que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (The International Covenant on Civil and Political Rights) establece que la pena de muerte sólo debe ser utilizada para los "delitos más graves".

El aumento de los métodos de aplicación de la ley también ha llevado a una pérdida significativa de vidas en México, donde en los últimos diez años se han producido 175,000 homicidios. La mayoría de estas muertes se han relacionado con la guerra contra las drogas, en particular una decisión del gobierno del año 2006 de militarizar la aplicación de la ley de drogas.

Estos son algunos de los ejemplos más flagrantes de los abusos a los derechos humanos que están directamente relacionados con la "guerra contra las drogas", pero las políticas gubernamentales de drogas están fomentando los abusos a los derechos humanos en todo el mundo. Cuando la principal herramienta para combatir el consumo de drogas es la criminalización, los derechos humanos fundamentales de las personas se ven debilitados.

En Asia Sudoriental y China se promueve el uso de centros de detención obligatoria para personas que consumen drogas bajo el disfraz de "tratamiento", pero en realidad son frecuentes las denuncias de torturas, violaciones y trabajos forzosos en estos centros, donde son detenidos adultos y niños.

El derecho a la salud también se ve debilitado de manera significativa por las políticas punitivas de drogas. En ninguna parte esto es más evidente que en Rusia, donde, como resultado de las duras leyes sobre drogas y la falta de asistencia sanitaria suficiente, uno de cada 100 adultos es VIH positivo. Esto se ha atribuido directamente a la prohibición de la prescripción de sustitutos opiáceos y a la falta de apoyo gubernamental para las intervenciones eficaces como los programas de intercambio de agujas.

En Colombia, donde se cultiva la planta de coca, el estado despliega la erradicación aérea con glifosato, posiblemente un herbicida cancerígeno. Este producto químico ha sido relacionado con una serie de daños a la salud, incluyendo condiciones de la piel, abortos espontáneos y problemas respiratorios. También ha llevado a la destrucción de cultivos alimenticios, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de agricultores colombianos.

Las políticas de drogas prohibicionistas también están llevando a la encarcelación masiva en todo el mundo. Estados Unidos tiene el cinco por ciento de la población mundial, pero tiene el 25 por ciento de la población carcelaria del mundo, y más del 50 por ciento de los presos federales estadounidenses están encarcelados por delitos de drogas no violentas. Uno de los aspectos más atroces del sistema de justicia penal estadounidense es el carácter racista de cómo se implementan las leyes sobre drogas. Las personas de raza negra son mucho más propensos a ser blanco de delitos de drogas, y las drogas que se asocian erróneamente con la comunidad negra atraen sanciones más severas.

Hasta el año 2010, una persona que fuera atrapada en posesión de cocaína crack recibiría una sentencia que era 100 veces más punitiva en comparación con alguien capturado en posesión de la misma cantidad de cocaína en polvo. Esto fue a pesar de que no se encontró diferencia farmacológica entre los dos, excepto por la eliminación de clorhidrato de la cocaína en polvo para permitir que el crack pueda ser fumado. Esta proporción se ha reducido 18 veces, lo que sigue siendo una disparidad disparatada. Mientras que las tasas de prevalencia de la cocaína crack son casi las mismas entre las poblaciones blancas y negras, las fuerzas del orden siguen concentrando sus esfuerzos en barrios pobres y negros. Esto ha llevado a una situación en la que se estima que uno de cada cuatro hombres negros en América terminará en la cárcel.

Estas prácticas discriminatorias no se limitan a los Estados Unidos; La policía antidrogas en el Reino Unido afecta desproporcionadamente a las comunidades negras. En Inglaterra y Gales, las personas de raza negra tienen seis veces más probabilidades de ser detenidos y registrados en busca de drogas que los blancos, a pesar de que el consumo de drogas es mayor entre la población blanca. La disparidad racial por delitos de drogas es evidente en todas las etapas del sistema de justicia penal, con las personas de raza negra atrapadas en posesión de drogas que reciben sanciones más severas en comparación con las personas de raza blanca. Un reciente reporte realizado por David Lammy MP encontró que las mujeres de raza negra en Inglaterra y Gales eran 2.3 veces más propensas a ser encarceladas por un delito de drogas que las mujeres de raza blanca. Esto debilita el principio de igualdad de trato garantizado por la ley y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

La violación de los derechos de las personas en el Reino Unido también es evidente en las políticas de salud y sociales. La legislación introducida en el año 2014 permite el desalojo obligatorio de un inquilino si ellos, un miembro de su hogar o un invitado, comete un delito relacionado con las drogas (excluyendo la posesión). Esto puede incluir un delito de abastecimiento, y es importante recordar que las leyes de drogas del Reino Unido no distinguen entre el abastecimiento para el beneficio y el abastecimiento entre amigos.

En el Reino Unido, quienes consumen drogas de manera problemática también se enfrentan a obstáculos significativos al acceder al tratamiento debido a una lotería de código postal, por lo que la calidad del tratamiento varía significativamente según la región. Las personas que reciben metadona como sustituto de la heroína de la calle están experimentando un ambiente de tratamiento cada vez más punitivo, incluyendo pruebas de drogas, el consumo supervisado diariamente de su medicación y reducciones forzadas de sus dosis. Esto es resultado de las políticas que se centran en la abstinencia como objetivo principal del tratamiento, en lugar de mejorar la calidad de vida del individuo; donde la política, más que la necesidad clínica, es el motor para reducir la medicación. Este tipo de enfoque simplemente no sería aceptado para cualquier otra condición de salud.

El principal problema para aquellos que consumen drogas problematicamente es que ellos son definidos por su consumo de drogas, que se identifica como un acto criminal, y esto no se aplica por igual entre los grupos socioeconómicos; Son los que viven en la pobreza quienes son el objetivo de la policía. La guerra contra las drogas es una guerra contra la gente, especialmente contra la gente pobre.

En mi experiencia, la gran mayoría de las personas que consumen drogas problematicamente han sufrido traumas durante sus vidas y se automedican para tratar de lidiar con recuerdos de abuso, abandono o duelo, o para ayudar a problemas de salud mental. Sin embargo, son uno de los grupos más estigmatizados y marginados de la sociedad.

Es importante destacar que no todos los que consumen drogas lo hacen de manera problemática. Se estima que el 90 por ciento de las personas que consumen drogas lo hacen recreativamente por placer; El mayor riesgo que enfrentan es la criminalización.

Otras partes del mundo sin embargo lo están haciendo de manera diferente. Más de 25 países han puesto fin a las sanciones penales por posesión y consumo de drogas. En algunas jurisdicciones, como en muchos estados de los Estados Unidos, esto es sólo para la marihuana, pero países como Portugal han despenalizado la posesión de todas las drogas. Ninguno de estos países ha experimentado un aumento de los niveles de consumo de drogas a nivel nacional, y muchos de ellos han experimentado beneficios positivos de salud, sociales y económicos.

En última instancia, el consumo de drogas por sí mismo causa poco o ningún daño a la sociedad. Las políticas más amplias son las que causan daño, pero, como se demostró anteriormente, esto se debe en gran parte a que los gobiernos eligen activamente criminalizar a sus ciudadanos y aplicar políticas represivas que generan violaciones de los derechos humanos. Todo esto se hace con el único objetivo de tratar de impedir que la gente consuma ciertos medicamentos. Tenemos dos opciones: continuar por un camino que causa tanta destrucción, o elegir un enfoque que reconozca los principios de la dignidad humana, la reducción de daños y la salud pública, un enfoque que respete los derechos humanos en su esencia y que está basado en la evidencia.

Niamh Eastwood es la Directora Ejecutiva de Release. Niamh ha sido coautora de los dos últimos documentos sobre las políticas de Release, 'The Numbers in Black And White: Ethnic Disparities In The Policing And Prosecution Of Drug Offences In England And Wales' y ‘A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies Across the Globe’. Niamh también es responsable de redactar muchas de las sesiones informativas de Release para parlamentarios y responsables sobre políticas. Niamh se ha presentado en conferencias internacionales y nacionales y es regularmente invitada a comentar en los medios de comunicación.

Niamh es también Asociada de The London School of Economics IDEAS International Drug Policy Project, Asesora Técnica de the Global Commission on Drug Policy y Miembro de the Expert Steering Group para the Global Drug Survey.