Más de 100 organizaciones de derechos humanos piden a Sri Lanka que detenga las ejecuciones inminentes por delitos de drogas en una Carta Abierta

Harm Reduction International (HRI) ha pedido a las autoridades de Sri Lanka que detengan de inmediato la ejecución inminente de todos los presos condenados por delitos relacionados con drogas, que conmuten todas las penas de muerte existentes y que abolan la pena de muerte por completo.

En una carta abierta, el HRI instó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a ejercer presión sobre el Gobierno de Sri Lanka luego de las ejecuciones planeadas de cuatro personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas, respaldada por más de 100 organizaciones de derechos humanos, incluido el Centro para Políticas Alternativas con sede en Sri Lanka.

Giada Girelli, analista de derechos humanos en HRI, dijo a TalkingDrugs: “No hay evidencia de que la pena de muerte sea un elemento disuasivo para el comercio de drogas. El presidente Sirisena está haciendo un movimiento político cínico que violará el derecho internacional de los derechos humanos y convertirá a Sri Lanka en un paria”.

Del 21 de junio al 1 de julio de 2019, al menos cuatro personas han sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas como parte de la llamada “Semana Nacional de la Erradicación de las Drogas”, en lo que sería el primer uso de la pena de muerte en Sri Lanka desde 1976.

Las órdenes de ejecución de los cuatro presos ya fueron firmadas por el presidente Maithripala Sirisena, con sus ejecuciones aparentemente programadas para el sábado 29 de junio, terminando una moratoria de 43 años del uso de la pena de muerte.

El portavoz del presidente Maithripala Sirisena, Rajitha Senaratne, declaró que: “De ahora en adelante, colgaremos a los delincuentes de drogas sin conmutar sus sentencias de muerte”. Se han preparado otras 46 órdenes de ejecución y ahora estan a la espera de la firma del presidente.

Sirisena declaró que restablecería la pena de muerte para el narcotráfico en julio de 2018, una propuesta respaldada por el gabinete de Sri Lanka y que pretendía “replicar el éxito” de la llamada guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte en Filipinas. La guerra de Duterte ha llevado a que, en promedio, 33 personas mueran en el país cada día desde su victoria electoral en junio de 2016, con políticas dirigidas a las comunidades más vulnerables del país.

De las 24,000 personas actualmente encarceladas en Sri Lanka, el 60 por ciento son por delitos relacionados con las drogas; hay 1,229 presos en el corredor de la muerte, de los cuales 48 son condenados por delitos de drogas. Las autoridades de Sri Lanka dicen que se necesita un enfoque más estricto para combatir lo que reportan como un aumento en el crimen relacionado con las drogas, aunque este enfoque ha dado pocos resultados positivos a escala global y ha resultado en abusos significativos a los derechos humanos y violencia estatal en varios países, incluyendo - pero de ninguna manera limitado a - las ejecuciones y matanzas extrajudiciales de Sri Lanka y Filipinas, respectivamente. Las cifras del Informe Europeo sobre Drogas de 2019 mostraron una tasa significativamente mayor de mortalidad inducida por drogas en adultos (15-64) para países con políticas de drogas punitivas, como Estonia (130 por millón), Suecia (92 por millón) y el Reino Unido (74 por millón). En este contexto, la tasa promedio de mortalidad por sobredosis en Europa en 2017 se estima en 22.6 muertes por millón.

Los críticos han pedido a las autoridades de Sri Lanka que detengan de inmediato la ejecución inminente de los presos condenados por delitos de drogas y que conmuten todas las penas de muerte existentes. Se siguen haciendo llamamientos para abolir la pena de muerte sobre la base de que las ejecuciones por delitos de drogas están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Como dice el Director de Asia Meridional en Amnistía Internacional, Biraj Patnaik: “La toma de una vida humana por parte del estado es uno de los actos más graves que un gobierno puede cometer. La severidad del castigo como mínimo requiere una transparencia total como una garantía clave del debido proceso”.

Los delitos de drogas son punibles con la muerte en al menos 35 países y territorios en todo el mundo. Y los estudios muestran que “las personas de entornos económicos menos favorecidos y las que pertenecen a minorías raciales, étnicas o religiosas tienen el peso de la pena de muerte de manera desproporcionada”, escribe Dinushika Dissanayake, y agrega que “la pena de muerte afecta de manera desproporcionada a quienes viven en la pobreza”.

El caso de alto perfil de Muhammad Lukman en Malasia, quien fue condenado a muerte por procesar aceite de cannabis y distribuirlo a pacientes necesitados, provocó una protesta pública. E Irán, entre los verdugos más prolíficos de los delitos relacionados con las drogas, aprobó reformas en 2017, lo que resultó en una reducción drástica en la implementación de la pena de muerte. Este fue un audaz reconocimiento de que tales sanciones no disuaden de manera efectiva los delitos relacionados con las drogas: más de 4,000 personas fueron ejecutadas a nivel mundial entre 2008 y 2018, con una tendencia descendente significativa a menos de 100 en todo el mundo tras las reformas de Irán.

Puedes seguir el trabajo de Harm Reduction International en Twitter y leer su comunicado de prensa aquí.