Más vale tarde que nunca

Alrededor de 5000 adolescentes de entre 14 y 24 años fuman a diario cannabis en Euskadi. Por este motivo, el Departamento vasco de Sanidad ha anunciado que pretende elaborar una norma que evite que el consumo individual y el cultivo para uso propio deriven hacia el tráfico ilícito de esta sustancia. El ejecutivo vasco pretende, con esta medida, que tanto el autoconsumo como el autocultivo se realicen de un modo responsable.
La Ley  de la Seguridad Ciudadana vasca penaliza el consumo en público, el tráfico y la tenencia y el cultivo destinado al tráfico de cannabis, sin embargo, está despenalizado el consumo individual y compartido, la tenencia y el cultivo para consumo propio así como la entrega de cantidades mínimas a terceros para uso inmediato.
Es curiosa la tentativa por parte del gobierno vasco de llevar a cabo esta medida a nivel autonómico en un momento en el que flaquea su poder, después de ocho años al frente de la hegemonía nacional. Iñigo Urkullu, presidente del PNV, ha mostrado, sorprendentemente, una actitud conservadora con respecto a la nueva norma, la cual califica como "caso flagrante de maniobra de distracción, cobardía e hipocresía” y lanza un dardo al gobierno de Patxi López tachando esta nueva prerrogativa de “osadía irresponsable” y “falta de respeto a la sociedad vasca”.
Cabe destacar, que Euskadi es la única Comunidad Autónoma que cuenta con un registro de asociaciones de usuarios de cannabis y la nueva legislación se dirige principalmente a ellas. Alrededor de 40 Clubes Sociales de Cannabis (CSC) están registrados y federados  al amparo de la legislación. Son asociaciones sin ánimo de lucro y que realizan actividades como el cultivo colectivo de cannabis, destinado al consumo privado de sus miembros.
La nueva regulación pretende aportar seguridad jurídica a las actividades que desarrollan estas asociaciones, que tienen  como obligación permitir el acceso únicamente a socios y siempre que éstos sean mayores de edad. Además, deberán llevar registros de cultivo y almacenamiento de la sustancia, así como proporcionar un informe completo sobre las consecuencias del consumo. Son requisitos indispensables.
Todo este revuelo social e inesperado en el País Vasco, con defensores y detractores, ha sido clarificado por la consejería de Sanidad que ha dicho que no tiene intención de legalizar el cannabis. El objetivo será tratar de establecer una norma orientada a evitar el tráfico ilícito así como la protección de los menores y la prevención de la salud y sobretodo promover el autoconsumo y autocultivo de una forma responsable con el fin de evitar las adicciones.
Por un lado, las reacciones en el resto de la península no se han hecho esperar, y ya son varias las comunidades autónomas, sobre las que destacan Cataluña y Andalucía, en voz de consumidores y portavoces de federaciones o asociaciones los que claman más permisividad con el cannabis. En La Rioja, el intento de asociarse ya ha sido fallido, ya que la policía clausuraba el local de asociación poco después de ser inaugurado.

El avance del País Vasco será un paso adelante para que otros gobiernos autonómicos puedan “sumarse al carro” en cuanto a esta política de Sanidad. Aunque, es bien cierto que habrá muchos mandatarios que se cierren completamente en banda ante esta medida por considerarla descalabrada e imprudente. Algunos, como la Consellería de Sanidade de Galicia ya han dicho que no piensan seguir el camino de sus homólogos vascos.
Por otro lado, desde el ejecutivo de Euskadi quieren hacer hincapié en que no es una medida para ser “más permisivo” sino que con la prohibición estricta no se consigue lo que se busca, que en este caso es evitar los problemas de drogodependencias. Lo extraño, es que esta medida llegue tarde, mal y a rastro.
La única solución para tener acceso de manera normalizada a un cannabis con garantías de su salubridad y calidad debería realizarse con  la normalización desde el Parlamento Español, realizando un referéndum que muestre el porcentaje de apoyo de la ciudadanía. De este modo, podría lucharse de manera más efectiva contra el mercado negro que maneja sustancias adulteradas, lo cual sí resultada alarmante debido a las consecuencias nocivas que puede causar.
Habrá que ver las reacciones y los resultados que provocará esta nueva medida en cuanto al consumo de cannabis. La idea es buena y el fin comprensible, sólo falta saber si los resultados serán los esperados o si por el contrario se dispararán las cifras de consumidores, alentando futuras adicciones. Tendremos que apelar, sobre todo, a la idea de la responsabilidad y crear una conciencia conjunta que permita avanzar positivamente en este ámbito. Para ello, habrá que esperar a que vea la luz esta nueva Ley de Adicciones que está previsto que sea en los primeros meses de 2012.