Miles de Personas Languidecen en Prisión por Posesión de Cannabis en la “Última Dictadura” de Europa

Miembros de la campaña cívica Legalicen Belarús (Fuente: Karalina Palakova)

Belarús es un país de Europa Oriental bendecido con un rico patrimonio cultural y un paisaje idílico, pero su pueblo está sujeto a una de las políticas de drogas más represivas del continente.

El país está gobernado por el presidente Alexander Lukashenko, el único presidente que el país ha tenido, quien es conocido entre los críticos como "el último dictador de Europa". El abordaje con mano de hierro de Lukashenko con respecto a los delitos de drogas ha sido criticado por los defensores de los derechos humanos por perpetuar la persecución, el encarcelamiento y la humillación de miles de personas.

Los informes de los medios sugieren que tanto como 4.000 personas son condenadas por delitos de drogas cada año, y muchos detenidos alegan haber experimentado alguna forma de violencia, intimidación o acoso psicológico por parte de las fuerzas del orden público. Tales abusos han sido particularmente extremos para las mujeres bielorrusas, según un informe de 2015 de la Red Euroasiática de Reducción de Daños. Las mujeres que usan drogas en el país han acusado a la policía y a otros agentes estatales de participar en abusos sexuales, violencia, reclutamiento forzoso como informantes, [la obtención de] falsos testimonios forzosos, extorsión y detención sin fundamento, así como de negarse a proporcionar un abogado.

Las leyes bielorrusas sobre drogas no hacen distinciones entre los diferentes tipos de drogas, y los fiscales a menudo presionan para que las personas halladas en posesión de drogas sean acusadas de tráfico. Los informes de los medios locales describen [casos de] individuos que son atrapados con unos pocos gramos de cannabis y sentenciados a entre cinco y ocho años de prisión, a pesar de haber afirmado que la droga era para uso personal. Una vez encarceladas, las personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas son obligadas a usar ropa distintiva para que se diferencien entre sus compañeros detenidos, y las provisiones que se les asignan son escasas mientras son obligadas a trabajar en campos de prisioneros.

Tras su eventual liberación de prisión, los datos de las personas condenadas por delitos de drogas son ingresados ​​en el Registro Nacional de Narcóticos, lo cual significa que las autoridades los controlarán de cerca durante varios años.

Este enfoque violento de la policía y los fiscales contribuye a [crear] una cultura de miedo y desconfianza hacia las personas que usan drogas en un marco social más amplio. A su vez, las personas que usan drogas son menos proclives a buscar ayuda o asesoramiento, debido a su temor a ser criminalizadas o marginadas, lo que agudiza los daños potenciales del consumo de drogas.

La guerra contra las drogas en Belarús no muestra signos de ralentizarse. En 2014, Lukashenko impulsó legislación que endureció las sanciones penales por delitos relacionados con drogas, y que redujo a 14 años la edad de responsabilidad penal por fabricación y venta de drogas. Sin embargo, a pesar de esta represión continua, Belarús alberga grupos pequeños pero decididos, que luchan por enfoques más sensatos [con respecto a] las leyes de drogas, y abogan por un trato humanitario para las personas que usan drogas.

Miembros de la campaña cívica Legalicen Belarús en una manifestación por la reforma de la política de drogas

Larisa Zhigar, fundadora de la organización Mothers 328 Movement, ha exhortado al estado a que reforme las sanciones penales, de modo que los castigos sean proporcionales y acordes con los delitos cometidos. Zhigar, cuyo hijo fue sentenciado a ocho años de prisión por un delito no violento de drogas, también ha declarado que la ley debe distinguir claramente entre la posesión de drogas para uso personal y el tráfico, de manera tal que las personas que posean pequeñas cantidades no sean sistemáticamente acusadas de vender drogas. Este movimiento liderado principalmente por padres ha sido decisivo para [lograr] la sensibilización sobre el tratamiento de los presos y las injusticias inherentes al sistema judicial de Belarús.

Otro grupo importante que activamente proporciona información precisa sobre drogas al público y que hace campaña para una reforma legislativa es la campaña cívica Legalicen Belarús. Esta organización reclama al estado que marque diferencia entre las distintas cantidades de drogas y que elimine la criminalización de personas por la posesión o el tráfico de pequeñas cantidades. Uno de los miembros del grupo, Piotr Markielaŭ, dijo a TalkingDrugs que la mayoría de los 15.000 bielorrusos encarcelados por delitos de drogas son jóvenes que se encontraron en posesión de pequeñas cantidades de sustancias controladas, [y que] muchos de [ellos] fueron encontrados sólo con cannabis.

A pesar de las estrictas leyes sobre las manifestaciones públicas, Legalicen Belarús organizó una concentración en diciembre de 2017 para crear conciencia sobre la ineficacia de la guerra contra las drogas y la necesidad de cambiar la actitud hacia las mismas y hacia quienes las consumen. Los miembros del grupo portaban "estrellas de cannabis" cuando interactuaban con el público, en referencia a la tradición cultural bielorrusa de Kaliada, según la cual las personas se disfrazan de criaturas mágicas y cantan canciones en la calle mientras portan estrellas de Kaliada.

Mientras que el régimen bielorruso continúa manteniendo un enfoque represivo y draconiano hacia las personas que usan drogas, brillantes luces de esperanza son proporcionadas a la sociedad bielorrusa por una sólida red de personas dedicadas y comprometidas, tales como [los grupos] Mothers 328 Movement y Legalize Belarus, abocados a promover políticas de drogas asentadas en la evidencia. Queda mucho por hacer para promover los derechos humanos en la última dictadura de Europa.