Nueva Zelanda Introduce la Rehabilitación de Drogas Obligatoria para Casos "Graves"

Source: Pixabay

Una nueva legislación en Nueva Zelanda permite a las autoridades obligar a ciertas personas con problemas de uso de drogas a ingresar en programas de rehabilitación obligatoria.

Esta práctica controvertida marca una divergencia con el enfoque tradicionalmente progresista de Nueva Zelanda, que ha recibido elogios de expertos internacionales en salud.

La Ley de Adicción a Sustancias (The Substance Addiction Act) fue aprobada el 21 de febrero y se ha convertido en ley en Nueva Zelanda.

Esta ley permite que un tribunal ordene a un individuo que ingrese a un centro de rehabilitación obligatoria, pero sólo si tiene una "adicción severa a sustancias" y si carece de la capacidad de retener información o tomar una "decisión informada" sobre el tratamiento.

Además, un especialista en salud mental aprobado debe ser llevado a los tribunales para aprobar el juicio de falta de capacidad del individuo. Por consiguiente, los tribunales deberían utilizar la rehabilitación obligatoria como último recurso.

Una persona puede ser remitida a un tribunal para una decisión de detención obligatoria, incluso si no ha sido acusada de un delito.

La legislación que autoriza a las autoridades a ordenar la rehabilitación obligatoria fue introducida hace más de medio siglo, como parte de la Ley de Alcoholismo y Drogadicción (the Alcoholism and Drug Addiction Act - ADA, por sus siglas en Inglés) del año 1966. Sin embargo, esta ha sido utilizada rara vez desde el año 1990, ya que contraviene la Sección 22 de la Declaración de Derechos de Nueva Zelanda  - que establece "todos tienen derecho a no ser arbitrariamente arrestados o detenidos".

Vanessa Caldwell, gerente nacional de Matua Raki, el centro nacional para el desarrollo de la fuerza de trabajo para la adicción en Nueva Zelandia, ha descrito a ADA como "anticuada e impracticable".

En una editorial del año 2016, Caldwell dijo que el entonces proyecto de Ley de Adicción a las Sustancias (Substance Addiction Bill) estaba "diseñado para mejorar el proceso de tratamiento para aquellos que sufren de un trastorno severo de sustancias" y proclamó que "este cambio no podría llegar pronto".

Caldwell afirmó que el límite del período de detención, ocho semanas, estaba dentro de los "límites aceptables" establecidos en la Declaración de Derechos. Esto puede ser legalmente cuestionado en el futuro.

Las tasas de consumo de drogas en Nueva Zelanda son relativamente altas en comparación con el resto del mundo. Los resultados de una encuesta gubernamental del año 2008 sugirieron que el 51.9% de la población había utilizado drogas ilegales para fines recreativos durante su vida.

Alrededor de un cuarto de los neozelandeses que respondieron a la Encuesta Mundial de Drogas del año 2015 (the 2015 Global Drug Survey) alegaron haber usado una droga ilegal el mes anterior.

Mientras tanto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (the UN Office on Drugs and Crime) informa que la tasa de consumo de metanfetaminas en Nueva Zelanda es una de las más altas del mundo; Una cuestión que el gobierno ha apuntado específicamente, con el fin de reorientar a las personas con problemas de uso, de las cárceles a los centros de rehabilitación.

Nueva Zelanda ha sido elogiada por expertos internacionales por implementar políticas de drogas relativamente basadas en evidencia. En el año 2015, por ejemplo, un grupo de trabajo australiano sobre estupefacientes elogió a Nueva Zelanda por "[proporcionar] un ejemplo internacional de esfuerzos para mejorar el tratamiento en los centros penitenciarios" para el uso problemático de metanfetaminas.

Los centros de rehabilitación obligatorios en otros lugares - en particular en el sudeste asiático - han alcanzado los titulares por su notoriedad en los últimos años, incluidos los campos de trabajos forzados en Vietnam y las instituciones que parecen ser poco más que prisiones glorificadas en Camboya.

Es improbable que las personas detenidas en los centros de rehabilitación de Nueva Zelanda se enfrenten a ese tipo de violencia, pero el dilema ético inherente persiste; El Estado está privando a un individuo de su libertad por un elemento subjetivo de su comportamiento, independientemente de si ha cometido o no un delito.