Los Nuevos Controles a los Medicamentos para el Alivio del Dolor en Guatemala Provocarán una Crisis de Salud Pública

Kristin Marin - traducido por Alicia Gallardo
10 September 2015

Mientras que en los últimos años muchos países han reducido las restricciones al acceso a los medicamentos esenciales para el alivio del dolor, Guatemala ha resistido esa tendencia con una nueva iniciativa, una decisión que dará lugar al sufrimiento innecesario de los pacientes en el país.

El gobierno de Guatemala recientemente emitió una instrucción oficial que aumentará las restricciones al acceso a los medicamentos controlados. Esta incluirá a la morfina, uno de los analgésicos más importantes en el tratamiento del dolor moderado-grave.

Los medicamentos controlados son los previstos en los tratados internacionales sobre drogas. Doce de estos medicamentos - la morfina es uno de ellos - son clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medicamentos esenciales.

Bajo la nueva iniciativa de Guatemala (ver más abajo), una serie de nuevas trabas burocráticas se han creado para las personas que intenten acceder a estos medicamentos. Al 31 de julio, las personas que buscan obtener una receta para un medicamento controlado en nombre de un paciente deberán presentar una carta de solicitud firmada y sellada que debe contener una copia del documento de identidad de ambos junto con el número del documento. Cada vez que hay un cambio en la persona responsable de solicitar la prescripción - incluso cuando el paciente en cuestión sigue siendo la misma - esta carta tendrá que ser presentada.

Este es un movimiento particularmente regresivo, no sólo por el estrés físico y emocional que hará que los pacientes sufran, sino también por el hecho de que hace apenas tres años el país emitió su primera receta de morfina oral en un paso evidente hacia adelante.

Guatemala - de ninguna manera - está sola en su estricto marco regulatorio sobre los medicamentos controlados. En la actualidad, se estima que hay 5.5 billones de personas - el 75 por ciento de la población mundial - quienes tienen bajo o inexistente acceso a los medicamentos controlados, principalmente analgésicos opioides. Con referencia a la morfina, el 92 por ciento de la oferta mundial es consumida por el 17 por ciento de la población mundial concentrada principalmente en el norte global.

La OMS estima que decenas de millones de personas sufren cada año como resultado de la falta de acceso a los medicamentos controlados, siendo los principales grupos afectados los pacientes con cáncer, los pacientes de SIDA en fase terminal, las mujeres en trabajo de parto que sufren dolor no aliviado, y los que han sufrido lesiones.

Las razones para el acceso limitado son múltiples, desde los vulnerables sistemas de salud y la deficiente formación de los profesionales de la salud, a los factores de fijación de precios y las regulaciones excesivamente onerosas. Además, el sistema de fiscalización internacional de drogas ha contribuido a crear un clima en el que los gobiernos nacionales canalizan recursos para que la justicia penal controle los narcóticos a expensas de proveer su disponibilidad médica y científica cuando sea necesario a sus necesidades.

Lo que más sorpresa causa con respecto al reciente movimiento de Guatemala es que va en contra de la positiva evolución de los últimos años. Varios países, entre ellos Ucrania y la India, han aliviado las restricciones al acceso a medicamentos para aliviar el dolor, ya sea a través de modificaciones de leyes de drogas existentes o por la emisión de nuevos decretos. Incluso Rusia, donde 11 pacientes con cáncer se suicidaron en febrero porque no podían acceder a los medicamentos para aliviar el dolor, simplifico recientemente el proceso de la prescripción de opioides al permitir que los hospitales lo hagan.

Bajo el derecho internacional al más alto nivel posible de salud, los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a los medicamentos controlados. Con sus recientes restricciones al acceso, el gobierno de Guatemala está violando este derecho y establece las pautas para avivar una crisis de salud que tendrá un gran impacto en algunos de sus ciudadanos más vulnerables.