Prejuicio racial, prisioneros y el Censo Americano para el 2010

El próximo censo en Estados Unidos ha creado una gran controversia ya que las áreas rurales y urbanas están batallando para retener a los presos como suyos propios.

El problema está en la manera en la que el Censo considera la residencia de la gente que está en prisión, A pesar de que el Censo utiliza la regla de residencia, la cual resulta consistentemente en contar a gente en sus casas, los prisioneros no tienen ese derecho y en su lugar son considerados como residentes de la comunidad en la que se encuentra la prisión.

Estos “votantes fantasma”, como los llama Peter Wagner de Iniciativa de Política de Prisiones, influencian fuertemente la representación política de los distritos involucrados: la mayoría de ellos son gente de color o latinos provenientes de áreas urbanas pero que han sido encarcelados en prisiones situadas en áreas rurales, donde la población es en su mayoría blanca y Republicana.

El número de prisioneros incrementa la población del distrito lo cual conduce a una representación política más alta y a un cambio en el poder económico fuera de las áreas urbanas desfavorecidas de las cuales proceden los presidiarios. Como a los prisioneros no se les permite votar, no son simplemente privados del derecho a la votación; son considerados como cuerpos de una comunidad distinta lo cual priva a su comunidad original del urgente apoyo que necesita.

Una reciente campaña en la ciudad de Nueva York insto a un cambio inmediato ya que la situación actual está siendo fuertemente criticada por grupos de justicia social, organizaciones y legisladores los cuales están intentando que una nueva ley sea aprobada para cambiar el modo en el que se cuenta a los prisioneros.

Como el Rev. Al Sharpton dijo, “Creo los de derechos de los votantes y los derechos civiles son el tema del año en el estado de Nueva York. Cuando se utilizan los cuerpos de las personas para contar en contra de sus intereses - no hay nada más evidente que eso. "

Esta situación es inevitablemente relacionada con la política de drogas en Estados Unidos y específicamente en Nueva york. Según Harrison y Beck del Departamento de Justicia de EE.UU, Oficina de Programas de Justicia, ‘la mitad de  las personas encarceladas bajo jurisdicción estatal son por delitos no violentos, y un 20% (en prisiones Estatales, los porcentajes en prisiones Federales son más altos) son encarcelados por delitos relacionados con las drogas’.

También, tal como Harry G. Levine y Deborah Peterson Small han intentado demostrar en su estudio 'La Cruzada arrestos por Marihuana: Los prejuicios raciales y la Política Policial en la ciudad de Nueva York, 1997-2007', hay un vinculo distinto entre los arrestos relacionados con las drogas y el prejuicio racial en Nueva York. Se dieron cuenta de  un incremento del 1100% en los arrestos por posesión de marihuana en la década entre 1997 y 2006.Este incremento ha sido coloreado con discriminación ya que la tasa de hispanos y gente de color arrestados es casi tres y cinco más alta respectivamente comparada con la de los blancos incluso si los hispanos y la gente de color representan un menor número de la población de la ciudad que los blancos.

Deborah Peterson Small también está liderando la iniciativa Rompe las Cadenas la cual esta ‘involucrada activamente en la campaña para igualar las sentencias federales por delitos de cocaína ' ya que la organización ve que la diferencia en las sentencias por delitos relacionados con el crack o la cocaína en polvo’ ha sido una razón importante para el aumento dramático en la población carcelaria federal y la sobrerrepresentación de hombres afro-americanos.

Por tanto, la política de la policía sobre las detenciones relacionadas con las drogas parece estar dando  forma a una situación bastante lamentable que no es sólo social, sino altamente política ya que el censo se refiere a los presos como «votantes fantasma» que no pueden tener el derecho a voto, pero afecta a los resultados electorales sin su voluntad expresada. Lo que significa en última instancia es que mientras la gente de color pierde su derecho a votar y el apoyo de su  comunidad, las áreas rurales y conservadoras se están beneficiando de esta pérdida económica y políticamente.