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La hipocresía de la política de drogas del presidente hondureño arrestado

El pasado 8 de marzo, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, expresidente de 2014 a 2022, fue declarado culpableen el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Hernández de traficar más de 400 toneladas de cocaína a través del país durante su presidencia; Durante todo el caso mantuvo que era inocente y que no había aceptado millones en sobornos del cartel de Sinaloa ni había protegido a los contrabandistas de investigaciones o arrestos.

Desde décadas pasadas, la nación centroamericana ha sido usada como puente para el trafico de sustancias ilegales, institucionalizando el negocio de la droga a través de autoridades públicas, políticos y empresarios mediante el trafico de influencias, el crimen organizado y la violencia. La obsoleta política de drogas hondureña, denominada “Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas”, con el Decreto 126-89 tipifica y sanciona el uso, porte y tráfico de drogas; sin embargo, la aplicación de esta ley alcanza a los usuarios y “dealers” o pequeños distribuidores pero no llega a traficantes de mayor escala o cabecillas de carteles.

Para 2022, Honduras se posicionaba entre los países más violentos de América Latina. Los últimos tres períodos de gobiernos nacionalistas entre 2010 y 2022 dejaron una Honduras oscurecida por la violencia y la corrupción. Esto se destaca particularmente por el asesinato del ex zar antidrogas, general Aristidez Gonzales, por ordenes de exdirectores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre el 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, según la propia investigación policial, ambos directores trabajaban para el cartel del atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y finalmente lo encubrieron. Alfredo Landaverde, extitular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, corrió la misma suerte. Días antes de su muerte habia comparecido en un programa de televisión, declarando que “altos mandos de la policía nacional tenían vínculos con el narcotráfico y conocian quiénes eran los narcotraficantes en cada departamento del país”.

Alfredo Landaverde, extitular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, corrió la misma suerte. Días antes de su muerte, habia comparecido en un programa de televisión, declarando que “altos mandos de la policía nacional tenían vínculos con el narcotráfico y conocian quiénes eran los narcotraficantes en cada departamento del país”.

 

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a JOH “un buen amigo y aliado clave en la promoción de la seguridad, la estabilidad y la democracia en Centroamérica”. Fuente: Twitter.

 

Documentos judiciales durante el juicio de Hernández expusieron la trama de conspiración más importante en la historia de Honduras desde el caso del narcotraficante hondureño de Ramón Mata Ballesterosa finales de los años 1980. El juicio del expresidente hondureño en corte de Nueva York reveló cómo su ascenso en la política, desde su primera candidatura como congresista hasta la presidencia del poder ejecutivo, estuvo contaminado por el soborno, el tráfico de influencias y campañas políticas financiadas con diñero del narcotráfico. Una vez en el poder, JOH -como se conoce por sus iniciales al expresidente- intentó establecer la imagen de un gobierno que promovía la seguridad y luchaba contra el narcotráfico: durante su presidencia, la nación recibido más de 50 millones de dólares de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, junto con decenas de millones en ayuda de seguridad adicional. Sin embargo, JOH utilizó su cargo para colocar a funcionarios de preferencia en posiciones claves: como piezas de un tablero de ajedrez, desplegó estratégicamente a aliados del narcotráfico en instituciones públicas como la policía nacional, las fuerzas armadas, el congreso nacional, entre otras, para cumplir sus compromisos y objetivos.

Los planes de JOH, lejos de promover el bienestar colectivo del pueblo hondureño, estaban orientados a proteger a los narcotraficantes y salvaguardar sus operaciones; este fue el precio a pagar por la financiación de sus campañas electorales, así como de las campañas de otros candidatos aliados.

 

Una mirada diferente a la política de drogas

La reciente declaración de culpabilidad del ex presidente hondureño aporta un ligero sentido de justicia a la sociedad hondureña, pero a su vez encuentra una población más exigente sedienta de cambios profundos que garanticen justicia para todos y castigo para los casos que aún continúan en la impunidad. Es imprescindible resaltar que estos cambios requieren la observación del actual código penal, mismo que fue modificado en la pasada administración estableciendo penas menos duras para delitos relacionados con el trafico de drogas. También es necesario reconocer que la actual ley sobre drogas es obsoleta; es saludable actualizarla con la incorporación de miradas más humanas que reconozcan a los usuarios de drogas como sujetos de derechos, incluyendo perspectivas que promuevan alternativas para los usuarios de drogas que les permitan proteger su salud y no seguir siendo vistos como delincuentes que deben ser perseguidos y castigado.

El pasado mes de marzo la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aprobó por primera vez una resolución que cita el término “reducción de daños” en una iniciativa liderada por Estados Unidos. Esto abre la puerta para que los estados exploren respuestas alternativas para las personas que consumen drogas y que esas respuestas esten basadas en investigación y evidencia. Mientras “luchan” en una guerra interminable para controlar el suministro de drogas, las personas que consumen sustancias ilegales han quedado históricamente vulnerables a un enfoque prohibicionista que persigue, castiga, estigmatiza y ofrece pocas alternativas de cuidado. Y mientras quienes están en la cima del tráfico de drogas escapan con pocos castigos, los que están en la base, ya sea consumiendo o vendiendo, a menudo soportan los costos más violentos de este conflicto interminable.

Diferentes países de América Latina han ido adoptando otras dinámicas sobre el uso y abuso de drogas bajo el concepto de reducción de riesgos y daños, que se refiere a políticas, programas y prácticas encaminadas a minimizar los impactos negativos del consumo de drogas.

Entre el paradigma de una “sociedad libre de drogas” y la realidad del narcotráfico, es preciso que el nuevo gobierno de la Presidenta Xiomara Castro apunte a una política sobre drogas basada en principios de justicia y derechos humanos, castigando a los narcotraficantes y promoviendo ademas de la prevención de drogas, el cuidado de las personas que las usan.

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