Tiroteo Resalta Postura Represiva en la Política Antidroga de Tailandia

Soldados tailandeses en la provincia norteña de Chiang Mai

Soldados tailandeses en la provincia norteña de Chiang Mai (Fuente: Wikimedia)

La balacera fatal contra un adolescente por parte de los agentes del orden durante una búsqueda de drogas en Tailandia ha puesto de manifiesto la prevalencia de tácticas represivas en las operaciones antidroga del país, a pesar de recientes reformas progresistas.

El 17 de marzo, Chaiyaphum Pasae, un activista de 17 años, y su compañero de cuarto, fueron detenidos y registrados en busca de drogas en un puesto de control del ejército en la provincia de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Luego de que los soldados supuestamente hallaron 2.800 pastillas de metanfetamina en su vehículo, Pasae fue baleado y asesinado después de un presunto intento de huida. El soldado dijo que había actuado en “legítima defensa” dado que, según él, el joven activista había intentado arrojarle una granada. Pasae era un conocido defensor local de los derechos de las minorías, y un expresivo oponente de las políticas antidroga represivas.

El soldado que mató a Pasae ha sido acusado de homicidio.

Brad Adams, Director de Human Rights Watch en Asia, dijo después del incidente que “durante mucho tiempo los funcionarios [tailandeses] abusivos han utilizado las operaciones antidroga para encubrir sus ataques contra activistas que denunciaron actos oficiales ilícitos o defendieron los derechos de las minorías.”

El tiroteo se produjo en un momento en que Tailandia parecía estar alcanzando un punto de inflexión potencial en política de drogas.

En 2016, el ministro de Justicia, Paiboon Koomchaya, dijo a Reuters que “el mundo ha perdido la guerra contra las drogas, no sólo Tailandia”, señalando un supuesto aumento en el uso de drogas y en el número de personas encarceladas en su país por delitos relacionados con estupefacientes en los últimos años. Posteriormente, el estado modificó su legislación sobre drogas para reducir las medidas punitivas.

En febrero de 2017, la Asamblea Nacional adoptó una serie de enmiendas legislativas que pretendían reducir la naturaleza represiva de la política antidroga tailandesa. Las medidas incluían reducciones en las penas por posesión de drogas, su importación, su exportación y su producción para la venta.

La nueva legislación también pone fin a la condena obligatoria mínima para las personas halladas en posesión de una cantidad de droga que exceda un cierto límite. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, (IDPC, por sus siglas en inglés), informa que esta enmienda otorga “una mayor libertad [a los abogados] para presentar evidencia y argumentos para impugnar el presunto delito de suministro.”

Si bien estos cambios sugieren una actitud progresista en la política nacional de drogas, las enmiendas no abordaron el accionar policial, ni tampoco abolieron la detención obligatoria de droga-dependientes en Tailandia. Esto es así a pesar del compromiso del gobierno en 2015 de pasar de los servicios de tratamiento obligatorios a los voluntarios, y de la exhortación de la ONU (UN, por sus siglas en inglés) instando a todos los países a desmantelar los programas forzosos de tratamiento, invocando violaciones a los derechos humanos.

De hecho, los centros de detención obligatoria para droga-dependientes en Tailandia están vinculados con diversos tipos de maltrato. Un informe del año 2016 de Human Rights Watch afirma que la policía tailandesa continúa arrestando personas bajo sospecha de consumo de drogas, y que muchos de estos detenidos pasan de tres a seis meses bajo arresto, “sometidos a un agotador régimen de ejercicios e instrucción de estilo militar.”   

Irónicamente, el temor a ser detenido en un centro obligatorio está, en realidad, impidiendo que las personas con problemas de droga-dependencia busquen tratamiento voluntario.

Un estudio de 2013 basado en el Proyecto de Investigación de la Comunidad de Mitsampan encontró que los pacientes de una clínica voluntaria de metadona en Bangkok no se sentían alentados a obtener su medicación debido al hostigamiento policial. Un paciente refirió haber sido abordado por un oficial de policía que lo amenazó con una prueba de orina después de salir de la clínica.

“Ellos dijeron, ‘Si tu orina da positivo, serás enviado a tratamiento de inmediato´”, informó el paciente a los investigadores, refiriéndose a la detención obligatoria por drogas. 

Las investigaciones sugieren que el enfoque tailandés del tratamiento obligatorio no sólo conduce a abusos contra los derechos humanos, sino que también es ineficaz. Un estudio del año 2015, también basado en el Proyecto de Investigación de la Comunidad de Mitsampan, concluyó que la detención obligatoria por drogas se conectaba con un “cese del consumo de fármacos por corto plazo y con una recaída.”

Los ciudadanos tailandeses siguen enfrentando la amenaza del abuso policial, arresto y “tratamiento” bajo coacción por presunto consumo de drogas. A pesar de las medidas relativamente progresistas del gobierno sobre condenas por drogadependencia, parece poco probable que dichas medidas logren reducir los índices de recaídas, las sobredosis o el consumo indebido mientras la represión policial y el arresto forzoso por drogas no sean debidamente abordados.