Trump y su Programa Racista de Aplicación Coercitiva de la Ley

Fuente: Gage Skidmore

A principios de este mes, Trump declaró sus planes de intensificar la aplicación de la ley para combatir las sobredosis fatales por opioides. Menos de una semana después, hubo protestas violentas en Charlottesville, VA, que dejaron el saldo de una mujer muerta y varias personas gravemente heridas. Hoy en día, queda una pregunta pendiente: ¿Dónde estaba la policía? En lugar de los tanques, balas de goma, gases lacrimógenos y otras formas de "control de multitudes" desplegadas durante las protestas de Ferguson, visiblemente no violentas, en Virginia hubo policías que se mantuvieron al margen, mientras los supremacistas blancos y los neonazis marchaban por las calles cantando "sangre y tierra" y atacando con violencia a los manifestantes opositores a su alrededor.

Este artículo fue publicado originalmente por la Drug Policy Alliance. El original se puede ver aquí.

A pesar de estos trágicos acontecimientos, no hubo peticiones a favor de intensificar la aplicación de la ley en estas protestas, ni tampoco se apoyó a la policía por haberlos "maltratado un poco". En vez de eso, Trump finalmente optó por culpar a las personas que se hicieron presentes para manifestar su creencia de que América no debía ser el hogar de la ideología odiosa que propugna la supremacía blanca y sus diversas manifestaciones. Su actitud dejó muy en claro que su retórica racista implica más que sólo hablar - refleja los principios que orientan su agenda. Con el telón de fondo de la violencia en Charlottesville y su silencio sobre la falta de un accionar adecuado por parte de las fuerzas del orden público, el requerimiento de la administración Trump de más policías en respuesta a la crisis de los opiáceos es emblemático del doble estándar racista que subyace a las estrategias utilizadas para perpetuar la guerra contra las drogas.

Históricamente, la institución policíaca en este país ha funcionado permanentemente como una herramienta para la aplicación de políticas racistas. Desde las acciones de los supervisores de las plantaciones y las patrullas de esclavos durante el período esclavista hasta la aplicación de los "códigos negros"1, que desempeñaron un rol integral en la creación del complejo industrial penitenciario que asola a nuestra sociedad hasta nuestros días, la ejecución de la ley ha sido sistemáticamente un sinónimo de control de la gente de raza negra. El uso de las fuerzas del orden para asegurar la eficacia de las políticas racistas era una necesidad durante la era Jim Crow2 y la segregación, y aún más después de que la segregación fuera declarada inconstitucional. Muchos estados y gobiernos locales se negaron a cooperar con el tribunal más alto del país, y la policía estuvo presente para asegurarse de que las leyes y las tradiciones de Jim Crow fueron seguidas, protegiendo el racismo y el fanatismo en vez de las vidas de los americanos de raza negra. Ahora, a raíz del "nuevo Jim Crow", que es la guerra contra las drogas, la aplicación coercitiva de la ley ha funcionado como un instrumento de refuerzo para el racismo estructural generalizado sobre el cual se asienta la mencionada guerra antidroga.

Para aquellos de nosotros que hemos presenciado la devastación que la implementación de la guerra contra las drogas ha infligido a las comunidades de color, el requerimiento de la administración Trump de una "aplicación" [de la ley] más amplia es claramente un silbato para perros para la detención, encarcelamiento y criminalización de la gente de piel negra y cobriza. La administración Trump ha utilizado la crisis de los opioides para justificar sus ataques racistas contra los inmigrantes mexicanos y para revertir las reformas sobre justicia penal de la era Obama. Muy explícitamente, Trump ha echado la culpa de la crisis de los opiáceos a los "matones", pandillas y cárteles más que a las condiciones creadas por el fracaso de la guerra contra las drogas. Durante muchas décadas, para las personas de raza negra y andina, que han sido criminalizadas y demonizadas por mensajes tales como "mano dura con la delincuencia", estas palabras sugieren un futuro viciado de más violencia sancionada por el estado, lo que se manifiesta en una mayor presencia policial en aras de "la ley y el orden".

Aunque la retórica de Trump es deplorable y sus políticas racistas han resultado ineficaces y costosas, nada de esto es nuevo. Trump no inventó el racismo sobre el cual se asienta la institución policial, así como no inventó la guerra racista contra las drogas. Al igual que los presidentes que le precedieron, en lugar de invertir los recursos que se necesitan urgentemente en un mayor acceso a la naloxona y en el tratamiento integral de drogas, Trump tiene la intención de invertir 15.600 millones de dólares en la aplicación de la ley y la interdicción. A pesar de los llamamientos bipartidarios a favor de la justicia penal, de la reforma de la institución policial y de una guerra "más suave" contra las drogas, la administración Trump está claramente comprometida a mantener el status quo: es decir, vigilancia, acoso, detención,  encarcelamiento y criminalización de las comunidades de color por parte de la policía en nombre de la guerra contra las drogas. En lugar de salvar vidas, Trump está comprometido a destruir las vidas de la gente negra y cobriza, y una aplicación intensificada de la ley parece ser la próxima arma en su arsenal.

* Morgan Humphrey es una coordinadora de políticas de la organización Drug Policy Alliance, con base en California.

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Notas de la traductora: (1) Los Códigos Negros eran cuerpos de leyes establecidos a nivel de los gobiernos estatales de los Estados Unidos, destinados a poner límites a los derechos ciudadanos de la población de raza negra. (Source: Wikipedia)

(2) Las leyes de Jim Crow fueron unas leyes promulgadas en Estados Unidos entre 1876 y 1965, que propugnaban la segregación racial y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos.  (Source: Wikipedia)