Uruguay legaliza la marihuana
El pasado ocho de agosto el gobierno uruguayo presentó el proyecto de Ley que legaliza la marihuana. Dicho proyecto nació con el fin “de reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreacionales y medicinales”, quienes por tener que abastecerse en un mercado ilegal se ven denigrados e involucrados en prácticas delictivas y de alto riesgo.
El proyecto de Ley nace amparado por el consenso general del gobierno uruguayo que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y que el sueño imposible de conseguir un “mundo sin drogas” del presidente Nixon no solo no se ha cumplido sino que además ha aumentado su consumo, el tráfico ilícito, el lavado de activos (blanqueo de dinero) y deteriorado los derechos humanos de los consumidores en materias de tratamiento y acceso a la sanidad.
Utilizando el argumento de que el cultivo y consumo de drogas se remonta a miles de años y que su control se ejerció por parte de la cultura hasta que hace apenas cincuenta años, en 1961, la Convención Única de Estupefacientes impuso su control global a través del sistema penal y la policía criminal basándose en políticas humanas de su tiempo con sus potencialidades y debilidades, el proyecto señala que tales políticas deben “al día de hoy deben ser críticamente revisadas, modificadas y mejoradas” para ceñirse a la realidad contemporánea.
Basándose en el informe presentado por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas de junio del 2011 y del que más que destacados líderes empresariales, funcionarios internacionales ex – jefes de gobierno de diferentes países, académicos y consultores el proyecto de Ley cita el auge del crimen organizado y el desproporcionado aumento del consumo estupefacientes como un claro reflejo del fracaso de las políticas prohibicionistas. Por poner un ejemplo durante los últimos 10 años el consumo anual de opiáceos aumentó un 34,5%( pasando de 12,9 millones de consumidores a 17,35) el de cocaína un 27% (pasando de 13,4 millones a 17) y el de cannabis un 8,5% (pasando de 147 millones a 160).
Por si estas cifras no fuesen poco los autores también denuncian las conexiones del narcotráfico con el sistema financiero, la venta ilegal de armas y el tráfico de oro y diamantes para el lavado de tanto dinero, sugiriendo que “tanta concentración de dinero tiene facilitado su camino hacia la corrupción en cualquier nivel y actividad de la sociedad” y afirmando que “está más que comprobado que en muchos casos el estado queda anulado y la sociedad desestabilizada a merced de bandas criminales” refiriéndose sin citarlo a países como Méjico.
El proyecto de Ley del mismo modo sostiene que el sistema inicial que define a países como productores, de transito y consumo ha quedado obsoleto y “ha sido funcional a un esquema discriminatorio y tan dañino como ineficiente” denunciando el aislamiento regional, nacional y de América Latina en general que se ha visto privada de organizar unas políticas multilaterales y multidimensionales para solucionar un problema común a toda la zona, declarando de esta forma un fracaso internacional, histórico, y estrepitosos a la hora aunar esfuerzos.
Atendiendo al plan estratégico diseñado por la Junta Nacional sobre Drogas de Uruguay para el periodo 2011-2015 y teniendo en cuenta el mencionado fracaso de la guerra contra las drogas el proyecto de Ley asume que el punto de partida es “el reconocimiento que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada” y por ello el gobierno asume que debe garantizar su responsabilidad en construir políticas públicas de drogas y en proteger las garantías inherentes a los derechos individuales y colectivos a través de la promoción de valores saludables, la prevención y reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación, la reinserción social, el control de la oferta de drogas y la prevención y control del lavado de activos.
En la práctica estas ideas invitan a la inclusión y reinserción de los consumidores de drogas en la sociedad para provocar un “desarrollo humano sustentable” que reduzca las vulnerabilidades y combata la estigmatización. Para lograrlo el gobierno insta a la descentralización y la participación activa de todos los elementos de la sociedad civil, empezando por la prevención en el mundo laboral y la sistematización e institucionalización en la educación de un buen modelo formativo sobre el consumo de drogas advirtiendo de sus consecuencias e invitando tanto a padres como profesionales a tomar un rol activo alejado de falso estereotipos basado evidencias científicas que deben provenir de la investigación académica aplicada a sus numerosas disciplinas para mejorar el tratamiento y aportar soluciones a los problemas planteados. Por otra parte asociaciones vecinales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales también deberán contribuir a promover un modelo más integrador mediante proyectos solidarios.
Dentro de este marco integrador el presente modelo bio-psico-social, desarrollado por la JND, a su vez, busca la total atención y tratamiento de las personas basándose en el derecho fundamental a la salud, la prevención, la detención precoz, la asistencia y la reducción de daños. Todos estos apuntes deben recalcar que la estrategia nacional no comparte un enfoque prohibicionista sino que está destinada a buscar un compromiso con las personas más vulnerables para mejorar la ciudadanía e incrementar el desarrollo social.
Tomando como referencia las políticas de drogas de países tan diversos como Holanda, Australia, España o los EEUU que se han ido paulatinamente alejando del prohibicionismo el gobierno uruguayo ha decido presentar este proyecto de ley para así conseguir los siguientes objetivos:
- Separar el mercado de la marihuana del mercado de otras substancias más peligrosas para de esta forma se reduzca el consumo de estas últimas.
- La normalización e inclusión de los usuarios de marihuana para combatir la estigmatización y fomentar la educación veraz sobre esta substancia además de no penalizar su consumo.
- Desarrollar un combate frontal a la industria del narcotráfico que mueve en torno a los 40 millones de dólares anuales y genera una gran fuente de corrupción y violencia social.
- El desarrollo, mediante gravamen, del sistema nacional de atención a gentes con problemas de drogas.
