Virginia aprueba la descriminalización del Cannabis en medio de enormes disparidades raciales en las detenciones

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El gobernador del estado norteamericano de Virginia ha aprobado una ley que elimina toda persecución penal por simple posesión de cannabis.
Descriminalización del Cannabis en Virginia
No es legalización sino descriminalización. La nueva ley (HB972), que entrará en vigor el 1ro de julio, establece que la posesión de hasta una onza (aprox. 28 g) de cannabis ya no será considerada un crimen y sólo será objeto de una sanción civil - una multa de hasta 25 USD (£20). Hasta ahora, una primera ofensa criminal por posesión de cannabis podía ser sancionada con un máximo de 30 días de privación de libertad y una multa de 500 USD (£400). La posesión de más de una onza, o la venta sin importar la cantidad, siguen siendo delitos que pueden ser castigados con varios años de cárcel.
La criminalización del cannabis ha tenido un gran impacto en la población de Virginia, especialmente en los últimos años. Según la policía del Estado de Virginia, hubo alrededor de 29 mil arrestos vinculados al cannabis en 2019, más del 50 por ciento de los cuales involucraron personas menores de 24 años.
Desigualdades raciales y la guerra contra las drogas de EE.UU.
Tal vez el mayor impacto de la criminalización se ha sentido en el seno de las comunidades negras de Virginia. A pesar de representar menos del 20 por ciento de la población estatal, en Virginia las personas negras representaron el 45 por ciento de los arrestos por una primera infracción relacionada con posesión de cannabis entre 2007 y 2016. En caso de reincidencia, esta proporción alcanzó un asombroso 53 por ciento.
Las implicancias de la guerra contra las drogas se repiten a lo largo y ancho de EE.UU. Como la Alianza por una Política de Drogas ha puesto en evidencia, las personas negras y de color consumen y venden drogas en proporciones similares a las personas blancas, no obstante “son más propensas a ser retenidas, registradas, arrestadas, declaradas culpables y severamente condenadas, [y] sufren en mayor medida las consecuencias de tener antecedentes penales de por vida”.
De hecho, el impacto de una sentencia por infracción a la ley de drogas, incluso si es menor, puede tener amplias repercusiones que van más allá del encarcelamiento, creando barreras en el acceso a la educación, la vivienda y el empleo. Esto puede dar inicio a un ciclo de pobreza que afecta a los hijos y las familias de las personas condenadas, y que genera un efecto dominó que daña a la comunidad en su conjunto.
La lucha por justicia continúa
La nueva ley puede significar un indulto para algunas personas condenadas por posesión de cannabis. La reglamentación establece que los antecedentes penales ya no podrán incluir referencias a “ningún cargo o condena por este tipo de infracción, y los registros de dichos cargos o condenas no deberán ser informados al Registro Central de Antecedentes Penales”.
La descriminalización del cannabis es gran paso adelante para el estado de Virginia, que se aleja así de un enfoque punitivo que atrapa a las personas en la pobreza. Sin embargo, para quienes promueven una reforma a la política de drogas, esto es insuficiente.
Después de la descriminalización del cannabis en Nueva York el año pasado, la Alianza por una Política de Drogas hizo notar que “la descriminalización por sí sola no es suficiente para subsanar las consecuencias de la prohibición de la marihuana, y sólo otorga discrecionalidad en la aplicación de la ley. En efecto, los encargados de políticas públicas deben remediar el daño provocado por la prohibición y la persecución focalizada, a través de la legalización y la reinversión en las comunidades”.
Para muchos defensores de la reforma a la política de cannabis en Virginia, la primera batalla ha sido ganada, pero la lucha por justicia continúa.
*Avinash Tharoor es Coordinador de Donaciones para la Alianza por una Política de Drogas y antiguo editor de TalkingDrugs.