El término “narcoestado” ha sido utilizado por personas en el mundo de la política, periodistas y organismos encargados de hacer cumplir la ley desde la década de 1980. Si bien inicialmente se usó para describir naciones latinoamericanas como Colombia, Bolivia, Perú y, unos años más tarde, mi país de origen, México, el término se ha aplicado continuamente a más y más países.
En 2008, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se refirióa Guinea-Bissau como el primer “narcoestado” de África. Esta etiqueta también se ha aplicado en gran medida por los medios de comunicación, a países de Asia, como Afganistán, Siria, Myanmar, entre otros. Las definiciones de qué es un “narcoestado” varían; algunxs se enfocan en la dependencia económica del estado en el mercado de las drogas, otrxs definen un cierto nivel de corrupción institucional, o comentan sobre los niveles de inseguridad. Lo que es similar entre todos estos países es que el narcotráfico se percibe como una fuente de poder político y ganancias económicas, lo que lleva a relaciones complejas entre los actores estatales y grupos de narcotraficantes.
Más recientemente, el presidente de la junta de policía de los Países Bajos utilizó esta etiqueta para describir la escalada de violencia relacionada con las drogas en el país, lo que lo convierte en el primer país europeo en ser etiquetado como un narcoestado. Sin embargo, no tardó en matizar: “No somos México”.
La descripción del narcoestado holandés también ha sido usado para argumentar en contra de la despenalización de las drogas, culpando a su modelo de drogas no punitivo de atraer el tráfico ilegal de drogas. De nuevo, el autor hace una clara distinción:
“A diferencia de países como México o Colombia, Holanda es una de las economías más ricas y desarrolladas del mundo. Tiene un estado de derecho sólido, bajos niveles de corrupción y una tasa de homicidios muy baja”.
Culpar a la descriminalización de la creación del narcoestado holandés fue un argumento de la política argentina Patricia Bullrich, demostrando el peligroso potencial de cómo esta etiqueta puede abrir un campo de ataques prohibicionistas que socava la reforma de la política de drogas.
Las discusiones sobre un narcoestado resurgieron en México durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido declarado culpable por facilitar sobornos a protegen grupos delictivos organizados, y simulando la destrucción de 23 toneladas de cocaína, solo para devolver el cargamento original a los traficantes.
Es fácil entender por qué se necesita un término para la colaboración histórica, poderosa y violenta entre el crimen organizado, los políticos de alto perfil y las fuerzas armadas. Sin embargo, es importante cuestionar la validez de este término, qué tipo de consecuencias fomenta su uso y cómo puede estar perpetuando el estigma y la discriminación ya significativos contra las personas en estos países, ya sea que estén involucradas en el tráfico de drogas o no.
El poder de la etiqueta narco-estado
El narco-estado se aplica tan ampliamente a través de diferentes contextos, que tiene que ser criticado por simplificar demasiado situaciones sociales complejas. No solo no describe con precisión la relación entre los cárteles de la droga y el Estado, sino que reduce a los países y a todos los actores involucrados en el tráfico de drogas a simplemente delincuentes, lo que colectivamente hace que el país sea “ingobernable”. Esto perpetúa la idea de que la población de un país no puede respetar el “estado de derecho”, un estereotipo nocivo a menudo atribuido a las personas que no son blancas. Como parte de la comunidad de Latinx, a menudo nos enfrentamos a preguntas absurdas, chistes insensibles sobre criminales como El Chapo o Escobar, o representaciones sin sentido de nuestra tierra, alimentadas por estereotipos en Netflix asociadas con la idea de "narcos".
Al mismo tiempo, vemos constantemente cómo los medios glorifican a las fuerzas del orden público que se presentan como los héroes de la guerra contra las drogas. El estigma social puede resultar en un trato injusto que impacta nuestra vida cotidiana y que, de alguna manera, perpetúa las drogas como un tabú o término intercambiable con el crimen organizado, impidiendo conversaciones abiertas sobre el uso de drogas, la reducción de daños o alternativas a la prohibición.
La etiqueta de narcoestado también puede limitar las inversiones extranjeras solo a aquellas que se dedican a medidas de seguridad, como la militarización de las fuerzas policiales y los esfuerzos antinarcóticos, que se sabe que alimentan la violencia socialen nombre de cortar el suministro de drogas desde la fuente. Esto es particularmente irónico dada la cantidad de riqueza y estabilidad financieraque el dinero de las actividades relacionadas con las drogas genera para los bancos: hay amplia evidenciaque miles de millones del dinero del narcotráfico proveniente de los “narcoestados” son a menudo lavados en instituciones financieras suizas, británicas, italianas y estadounidenses, pero de alguna manera esto no los convierte en narcoestados.
El término carece de complejidad, y según el profesor Patricio Chabal, el concepto de narcoestado es demasiado limpio, claro, estático y predecible. Implica una línea clara y fija entre los buenos y los malos, a menudo el estado y el crimen organizado. Entonces, si bien el término “narcoestado” es un término general atractivo perfecto para titulares o narraciones sencillas, su uso indiferente a menudo oculta una realidad subyacente compleja.
¿Qué pasa con otros términos similares?
“Estado fallido” es a menudo aplicado como sinónimo , con México teniendo el privilegio distintivo de ser nombrado con la combinación “narcoestado fallido ”. Pero este es un término igualmente peyorativo, que alienta en la sociedad hiperglobalizada de hoy a cualquier intervención militar o burocrática extranjera necesaria para convertirla en un “Estado exitoso”.
Si bien la fragilidad del Estado puede referirsea la capacidad de una nación para garantizar la paz y la gobernabilidad democrática, los estados fallidos implican la pérdida del monopolio de la violencia del gobierno, justificando intervenciones militares y políticas para restaurar el poder del estado. El mundo occidental, a menudo EE. UU., ha utilizado el término “estado fallido” estratégicamente desde la década de 1990 (y especialmente después del 11 de septiembre), particularmente para definir lugares que "requieren" intervenciones devastadoramente violentas por parte de potencias extranjeras para restaurar el supuesto “orden”. Un “Estado fallido” es quizás más indicativo de los objetivos de política exterior de un país que la capacidad real para gobernar y mantener una paz relativa. También es un término que (todavía) no he visto que se use para referirse a una nación occidental.
Narco-estados es un término inútil, usado principalmente para simplificar demasiado la compleja relación entre el crimen organizado, los estados, los mercados globales y la participación de la población en el tráfico de drogas. Lo que sí hace es generar estigma en las percepciones del país, así como alentar intervenciones violentas, a menudo por parte de agentes armados nacionales o extranjeros. Es crucial considerar el impacto de nuestras palabras, adoptar un lenguaje y una comprensión que reconozca la complejidad de la realidad sobre el terreno, y que latinx no sea sinónimo de narco.
Y si bien es importante garantizar procesos democráticos de gobernabilidad y estabilidad dentro de las naciones y regiones, este término general hace poco para promover una comprensión del mundo basada en los derechos humanos y sin estigmas. Es importante recordar que la prohibición de las drogas alimenta la violencia del narcotráfico y que las etiquetas de "narcoestado" y "estado fallido" al mismo tiempo fomentan intervenciones bélicas e impiden el diálogo sobre alternativas no violentas.
